El asesinato de Valentino Blas Correas en manos de la Policía de la Provincia de Córdoba generó una conmoción social sin precedentes. El entramado institucional de exclusión, persecución y represión queda nuevamente expuesto. Con la cuarentena creció el control tecnológico sobre la población, se generalizaron nuevas prácticas de seguridad y se afianzaron métodos de hostigamiento preexistentes amoldados al nuevo contexto. Las detenciones, agresiones y muertes crecen exponencialmente y remiten a la urgente necesidad de pensar nuevos paradigmas de seguridad.

Por Gastón Klocker

El reciente asesinato de Valentino Blas Correas en manos de la Policía de la Provincia de Córdoba se enmarca en un clima de creciente persecución, represión y violencia institucional en el territorio argentino, propiciado por el Decreto 257/2020 del Gobierno nacional que otorgó facultades extraordinarias a las Fuerzas de Seguridad del Estado para un control estricto de los habitantes, en el marco del aislamiento y distanciamiento en cuarentena a causa de la expansión del coronavirus.

La reconstrucción de los hechos indica que los cabos Javier Alarcón y Lucas Gómez dispararon directamente a un auto Fiat Argo que se dirigía desde zona sur al centro de la ciudad, con cinco jóvenes a bordo. El conductor del vehículo, después de un cruce violento con dos motociclistas, evitó detenerse en el control policial apostado sobre Avenida Vélez Sarsfield al 2300. La secuencia posterior que quedó registrada en las cámaras muestra que, sin apelar a ninguna otra maniobra para la detención, los policías abrieron fuego contra el Argo, hiriendo a Correas que más tarde moriría.

La Fiscalía del Distrito 1, turno 3, resolvió la detención de los tiradores por el delito de homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego. En ambos casos, se trata de oficiales con antecedentes penales y causas judiciales pendientes, que sin embargo siguieron en sus funciones, portando las armas y patrullando las calles. Las imputaciones también alcanzarían a tres empleados administrativos del sanatorio Aconcagua, por presunto abandono de persona, y al conductor del vehículo, por intento de fuga.

Gómez, quien se cree fue responsable del disparo de muerte, tiene un juicio pendiente en la Cámara 8ª del Crimen como encubridor del violador serial de La Calera, Leandro Raúl Castañares; y Alarcón, que además de disparar instó a una policía a plantar un arma para simular un enfrentamiento, tiene dos imputaciones en Río Segundo, por privación ilegítima de la libertad y lesiones leves calificadas.

El asesinato ocurrido en pleno centro de la ciudad de Córdoba generó una conmoción inédita, a diferencia de otros casos similares de gatillo fácil que se presentaron en la Provincia desde principios de 2020. La muerte de Correas tuvo resonancia nacional, con repercusión en los medios masivos de comunicación y manifestaciones multitudinarias, y puso nuevamente en agenda un tema que aqueja a nuestra sociedad en las últimas décadas: el abuso policial y la violencia institucional como políticas de Estado.

De esta manera, el Gobierno provincial se vio obligado a remover a la cúpula policial de la Capital, y Liliana Rita Zárate Belletti fue designada por el Ministerio de Seguridad como máxima responsable de la Dirección General de Capital, en reemplazo del comisario mayor Gustavo Piva. Además, dejaron sus cargos los subdirectores de las zonas Norte y Sur de la ciudad de Córdoba, los comisarios mayores Rubén Turri y Gonzalo Cumplido, respectivamente.

“En este esquema de organización y funcionamiento institucional no hay margen para la manifestación o puesta en marcha de discursos y acciones que no fuesen las impuestas por los mandos superiores. Al estar autorizados a ejercer violencia saben que no tendrán consecuencias ya que la palabra de ellos vale más que la de los delincuentes o sospechosos de serlo. Por tal razón raras veces los efectivos de las fuerzas policiales tienen conflictos morales, más bien se sienten víctimas de la incomprensión de la sociedad”, asegura la abogada Adriana Gentile sobre el entramado institucional que posibilita el accionar violento.

“La repercusión mediática de esta muerte confirma lo que venimos afirmando desde ámbitos académicos y políticos: la represión, el hostigamiento y la violencia policial son prácticas legítimas en cuanto son dirigidas a los sectores sociales empobrecidos. La violencia policial es legítima y legal cuando actúa sobre determinados cuerpos que son constituidos como matables”, agrega por su parte la antropóloga Fernanda Caminos en relación a las particularidades del caso Correas y su impacto social diferenciado.

La amenaza securitaria

El caso Correas visibiliza una lógica represiva que se profundizó producto de la pandemia y la cuarentena a nivel nacional, y que surge como resultado directo de la decisión de otorgar a las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento y distanciamiento social. “La principal respuesta de los Estados a una crisis sanitaria es securitaria. Incapaces por el momento de aplicar un tratamiento contra el virus, mal equipados en unidades de terapia intensiva, pruebas de detección y máscaras protectoras, los gobiernos erigen a sus propios pueblos como amenaza”, aporta Félix Tréguer (1).

El control tecnológico creció sobre la población, se generalizaron nuevas prácticas de seguridad, pero también se afianzaron métodos de hostigamiento preexistentes amoldados al nuevo contexto, que generaron acorralamientos cotidianos, principalmente, dirigidos a los sectores populares, que están más expuestos a la crisis. Las cifras sobre violencia institucional surgidas desde los ministerios nacionales de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos, arrojan que entre marzo y julio se recibieron 531 denuncias por hechos represivos, mientras que durante el anterior trimestre solo se habían registrado 71 denuncias de la misma naturaleza.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), por su parte, emitió un informe que contabiliza denuncias sobre violencia policial y de otras fuerzas a lo largo y ancho del país, mediante golpizas, torturas, asesinatos, violaciones y desapariciones forzadas, situaciones que tuvieron como responsables a policías federales, provinciales, municipales, gendarmería, prefectura y servicios penitenciarios. Dicho relevamiento registró 92 muertes en manos de integrantes de las fuerzas estatales: 34 fueron fusilamientos de gatillo fácil; 45 muertes bajo custodia en cárceles o comisarías; 4 femicidios y femicidios relacionados; 3 desapariciones forzadas; 2 son consecuencia de otros delitos policiales y 2 con otras modalidades (2).

En la distribución territorial, la Provincia de Buenos Aires contabilizó 42 casos, seguida por Santa Fe (10); Córdoba y San Luis (6 cada una); Tucumán (5); Jujuy (4); Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Santa Cruz y Mendoza (3 cada una); Neuquén y San Juan (2 cada una) y finalmente Chaco, Chubut y Santiago del Estero (1 cada una). En el desglose por fuerza interviniente que plantea Correpi, las policías provinciales mataron a 50 personas, los servicios penitenciarios provinciales son responsables de 27 muertes, las fuerzas federales de conjunto se cobraron 8 vidas, y las policías de ciudad contabilizaron 7 víctimas fatales.

La violencia y sus territorios

La Policía de la Provincia de Córdoba informó en mayo que desde el inicio de la cuarentena se detuvo a casi treinta mil personas en todo el territorio provincial por violar las disposiciones de cumplimiento de aislamiento y distanciamiento social (3). “Nosotros empezamos a advertir que tanto en las ciudades como en las zonas rurales la cuarentena podía derivar en una situación de símil estado de excepción, y la usaran para incrementar la represión hacia los pobres en general y los sectores organizados en particular”, afirmó en aquel momento Sergio Job, abogado perteneciente a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

En esta dirección, abogadas y abogados integrantes de movimientos sociales, organismos de derechos humanos y defensores de los derechos civiles de todo el país, manifiestan su preocupación ante el “incremento sostenido de hechos arbitrarios, violentos y violatorios de los derechos más básicos de la ciudadanía por parte de fuerzas policiales desde el establecimiento de la cuarentena, en especial, en las barriadas populares y cárceles de nuestro país”.

En el estricto marco de la cuarentena, además de las detenciones y de un clima hostil de control y persecución que inundó la calles, se sucedieron casos de gatillo fácil y asesinatos en manos de la Policía provincial. Las víctimas fatales que hasta el momento se contabilizan en Córdoba son cuatro: Franco Sosa (26/04, Córdoba Capital), Gastón Mirabal (03/06, Córdoba Capital), José Antonio Ávila (04/07, Córdoba Capital) y Valentino Blas Correas (06/08, Córdoba Capital) (4).

Las situaciones de intimidación y amedrentamiento se multiplicaron en el primer semestre: en marzo, la Policía demoró sin causa a un grupo de jóvenes en Alta Gracia, incluido Elías Abregú, de 19 años, que posteriormente ingresó al Hospital Arturo Illia severamente golpeado, con lesiones en el cuerpo. En abril, se presentó una denuncia penal por “tentativa de homicidio” contra un policía que disparó a un joven por la espalda en Bell Ville. El hecho, ocurrido en barrio La Brigada, se dio a conocer por redes sociales, con un video que mostraba a un oficial reduciendo al joven, quien al lograr escapar recibió un disparo del uniformado.

Debe sumarse además el accionar violento de la Policía en Cabildo Anexo entre mayo y junio, producto del avance del mercado inmobiliario y la falta de políticas públicas destinadas al hábitat que dejan a miles de familias cordobesas sin posibilidades de acceder a la tierra y la vivienda. Los habitantes de los asentamientos sufrieron el hostigamiento de un particular que dice ser dueño de los terrenos. La situación de violencia se repitió en varias ocasiones, e incluso un grupo de personas volteó una de las casillas con la máquina topadora.

Un caso similar se vivió en Estación Ferreyra donde cerca de 130 familias sin posibilidades de acceder a la tierra y la vivienda a través del mercado, decidieron asentarse en un terreno fiscal desocupado, y sufrieron agresiones, con uniformados que, sin orden judicial, intentaron desalojar el predio con golpes, balas de goma y gas mostaza, hiriendo a una mujer y un joven.

Durante junio, también un policía disparó por la espalda a Alejandro Amaya en Villa La Tela, en uno de los operativos de control en cuarentena avalados por los decretos nacionales y provinciales del estado de excepción. Durante el mes de enero, en ese mismo barrio, la Policía irrumpió con una orden judicial equivocada en el comedor y copa de leche Sonrisa de Ángel, para posteriormente golpear y reprimir con balas de plomo a quienes se encontraban en el espacio.

En Colonia Caroya, ese mismo mes y tras una confusa persecución, murieron Lautaro Guzmán de 23 años y Agustín Barrios de 20 años, en una secuencia que involucró a algunos efectivos policiales (5). En julio, a su vez, se produjo el asesinato en manos policiales de José Antonio Ávila, vendedor de la Plaza de Villa El Libertador que con el aislamiento seguía trabajando a domicilio. Cabe destacar que en diversas manifestaciones laborales a lo largo del semestre se observó un accionar violento de las fuerzas para con los trabajadores que reclamaban por sus derechos.

Asimismo, las medidas para la contención del coronavirus tuvieron como contracara el aprovechamiento de las autoridades y las fuerzas de seguridad del Estado para perseguir y reprimir a los sectores populares, que experimentan situaciones extremas en los barrios marginados. La instalación de cordones sanitarios y estrictos controles viene repitiéndose en estas zonas desde un primer brote en Villa El Libertador, y alcanzó a barrios como Lamadrid, Mi Esperanza, Urquiza y Rivadavia. En estos espacios no sólo hubo un minucioso trabajo sanitario con testeos para determinar cantidad y cualidad de contagios través de los equipos del COE, sino también sucesos de violencia institucional.

Los cordones sanitarios son una medida de carácter temporal establecidos con el objetivo de ampliar la investigación epidemiológica a partir de test serológicos y test de PCR (hisopado), para prevenir la transmisión del virus y proteger a la población. El refuerzo de controles de circulación permitió a su vez el crecimiento de una violencia siempre presente. De esta forma, a las necesidades y limitaciones que ya poseen estos sectores vulnerados en el marco de la cuarentena, que no pueden ni movilizarse, ni trabajar, se suman el maltrato y abuso de poder, y los peligros de la marginalidad son los contagios, pero también las situaciones de incertidumbre alimentadas con violencia.

Movilizar y transformar

La muerte de Correas y la desaparición de Facundo Astudillo Castro, a través de sus múltiples repercusiones, ponen de manifiesto las falencias de un entramado institucional basado en la exclusión, la persecución y la represión, que afecta a los sectores medios y bajos, y que se dirige especialmente a los sectores populares y la clase trabajadora, en defensa de los grandes intereses económicos, con el Estado y los gobiernos como responsables. La Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil a nivel nacional convoca para este jueves 27 de agosto a las 16 horas en Colón y General Paz, una marcha con distanciamiento contra el gatillo fácil, bajo la consigna “No son casos aislados, son políticas de Estado”.

“Nos atañe como ciudadanos exigir al Estado un nuevo paradigma de seguridad que ponga eje en la garantía al respeto de  los derechos humanos, y sobre esa base promover lazos entre la policía y la comunidad, porque la policía debe ser para la comunidad y debe estar al servicio de esta; de lo contrario las alianzas o uniones colectivas entre ciudadanos para reclamar justicia por un caso particular son transitorias, y se extinguen con el castigo al autor y/o cambio de autoridades policiales, y por consiguiente, la demanda punitiva vuelve a nacer con urgencia frente a cualquier nuevo hecho pidiendo mano dura y más policías en las calles”, cierra Gentile.

Notas

(1) “La sofisticación totalitaria”. Félix Tréguer. Le monde Diplomatique. Edición 251, mayo 2020.

(2) Desde diciembre de 2019, la suma total es de 159 casos: fusilamiento de gatillo fácil (59); muertes bajo custodia (75); femicidios y femicidios relacionados (9); desapariciones forzadas (4); consecuencia de otros delitos policiales (4); otras modalidades (4) e intrafuerza (4).

(3) Las últimas cifras oficiales contabilizaron que entre marzo y mayo se produjeron 27.708 detenciones.

(4) Debe sumarse un N.N Masculino, muerte en Bouwer en manos del Servicio Penitenciario. Si se tiene en cuenta el trimestre previo a la cuarentena también se suman los asesinatos de Agustín Nicolás Rivarola en Córdoba Capital, con responsabilidades de la Policía de la Provincia; y de Lorenzo Rodríguez en Río Tercero, en manos de la Gendarmería Nacional.

(5) Correpi incluye estas dos muertes en su relevamiento general.

Fotos: Hoy Día Córdoba y La tinta.

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