Casi treinta mil personas fueron detenidas en Córdoba desde el inicio de la cuarentena

Las consecuencias de la crisis desatada por la pandemia se despliegan en todos los niveles: económicos, sociales y culturales. También para las miles de personas detenidas presuntamente por incumplir la cuarentena. La Policía de Córdoba informó que desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio se detuvo hasta el 26 de mayo a 27.708 personas en todo el territorio provincial por violar esa disposición.

El día 20 de marzo el presidente Alberto Fernández anunció la cuarentena en Argentina, que desde entonces ha sido extendida cada 15 días. En la última conferencia de prensa del mandatario, realizada el último sábado, se anunció que la medida estará vigente hasta hasta el 8 de junio.

El lunes 18 de mayo, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dio marcha atrás con la flexibilización de la cuarentena en la ciudad de Córdoba, tras la aparición de 55 casos de COVID-19 positivos en la ciudad de Córdoba, vinculados al Mercado Norte y al Hospital Italiano.

Contexto

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó a fines de abril del 2019 su Informe sobre la Situación Represiva Nacional. Allí se destacó que durante los veinte años del gobierno de Unión Por Córdoba no pararon de incrementarse la represión, el gatillo fácil, la tortura y el asesinato en las cárceles. Por ello, se torna alarmante la cantidad de detenidos en Córdoba supuestamente por romper la cuarentena.

Conferencia de prensa de la UTEP y otras organizaciones sociales y de derechos humanos para denunciar la escalada de abusos policiales en Córdoba durante 2019

En el contexto actual, abogadas y abogados integrantes de movimientos sociales, organismos de derechos humanos y defensores de los derechos civiles de todo el país redactaron y firmaron un comunicado colectivo para manifestar su preocupación ante el “incremento sostenido de hechos arbitrarios, violentos y violatorios de los derechos más básicos de la ciudadanía por parte de fuerzas policiales desde el establecimiento de la cuarentena, en especial, en las barriadas populares y cárceles de nuestro país”.

Sergio Job, abogado perteneciente a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), expresó a Desafíos Urbanos: “Nosotros empezamos a advertir que tanto en la ciudades como en las zonas rurales la cuarentena podía derivar en una situación de símil estado de excepción, y la usaran para incrementar la represión hacia los pobres en general y los sectores organizados en particular. Lamentablemente, no nos equivocamos. En Córdoba, observamos en la capital y en algunos pueblos, como Los Molinos, por ejemplo, que durante varias noches hubo rondas de la FPA (Fuerza Policial Antinarcotráfico) con reflectores prendidos, combis y camionetas, haciendo un montaje del temor, en pueblos donde nunca sucede nada. Es una forma de ir generando miedo y de intervención, en pueblos donde con suerte hay destacamento policial”.

Además, Job señaló que ese despliegue policial “implica una erogación de recursos públicos que no tienen ningún sentido. Supuestamente, lo hacían para que se cumpliera con la cuarentena, cuando eso ya se venía haciendo. Además, se trata de zonas semirurales, que no tuvieron ningún situación de contagio a varios kilómetros a la redonda. Y a la par de que la Provincia también gastaba recursos en comprar balas para escopeta 1270, por otra lado recortaba programas de empleo”.

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