La primera quincena de marzo se vio atravesada por diferentes medidas de protesta por salarios y precarización en el sector de salud pública de la Provincia de Córdoba. Los reclamos estuvieron impulsados por la Coordinadora de Salud Córdoba que exige al Ministerio de Salud un aumento salarial superior a la escalada inflacionaria. Las organizaciones que integran la Coordinadora también denunciaron despidos ilegales y exigen la devolución de descuentos arbitrarios.
Las medidas incluyeron dos jornadas de paro (7 y 15 de marzo) y algunas asambleas con cese de tareas después del rechazo a la propuesta de aumento salarial del Gobierno provincial, que estipulaba una suba de 40% hasta julio, a pagar en cuatro tramos: 10% en febrero, 8% en marzo, 12% en mayo y 10% en junio, respecto a los salarios de enero 2023.
Los equipos de salud continúan exigiendo un aumento del 200% al básico, que llegaría hasta $182.452,83 para cubrir la canasta básica familiar (monto mínimo para cubrir gastos alimentarios y no alimentarios de una familia de cuatro integrantes, según la medición de febrero de 2023) y rechazan el despido disciplinador sin causa que vienen sufriendo algunos trabajadores del sector.
“Exigimos el reintegro inmediato de todas las sumas descontadas de manera arbitraria, por las medidas resueltas en este reclamo justo e histórico y en el uso del legal y legítimo derecho a huelga”, afirmaron en un comunicado. Cabe destacar que el colectivo, junto con otros gremios, se manifestó en contra de los proyectos de criminalización de la protesta que se tratan en la Legislatura de Córdoba y que buscan reglamentar las movilizaciones callejeras con la modificación del Código de Convivencia.
La medidas de fuerza, que se vienen intensificando en los últimos meses, afectaron a todos los hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la Provincia, ya que sólo se implementaron guardias mínimas, y se atendieron urgencias y emergencias en los establecimientos afectando fuertemente el servicio de salud.
El sector además realiza un reclamo de fondo: que se habiliten paritarias directas con las representaciones de salud y no mediante el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), como se viene haciendo históricamente, ya que consideran que esta situación dilata las negociaciones de forma directa y atenta contra la posibilidad de resoluciones más inmediatas.
Por su parte, el Ministerio de Salud, encabezado por la ministra Gabriela Barbás, ratificó su propuesta del 40% de aumento salarial, desestimando el resto de los solicitudes del sector a la espera de reuniones que puedan acercar a las partes. De esta manera, no se descartan nuevas medidas de fuerza para las próximas semanas en todo el territorio provincial conforme no se alcancen acuerdos más cercanos a las exigencias colectivas.
Foto: Télam.
