El Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) dio a conocer en las últimas semanas más de una decena de casos de familias que están a punto de ser desalojadas de sus tierras en el norte y noroeste provincial. La organización campesina califica esta situación en términos de alerta roja y denuncia la especulación empresarial, así como también el rol del Poder Judicial.
“Denuncian no solamente la especulación empresaria, sino también el rol del propio Poder Judicial al legitimar esa especulación: la Justicia Civil que avala esas pretensiones, desconociendo el derecho posesorio, y también a la Justicia Penal que criminaliza la defensa de la tierra”, explicó el periodista Alexis Oliva a Radio La Ronda.
Los conflictos por la tierra se acrecentaron en el norte y noroeste cordobés a partir de la pandemia, y se convirtieron en una amenaza mayor para numerosas familias campesinas que tienen derechos posesorios, pero que aún no cuentan con títulos de propiedad. Esta situación los expone a desalojos ordenados por la Justicia a instancias de empresarios o productores agropecuarios, que supuestamente adquieren estos terrenos en un marco de legalidad.
“En un contexto donde los precios de los alimentos suben cada día más, desalojar familias productoras significa entregarles la comida de los cordobeses a los intereses inescrupulosos, poniendo en riesgo además el poco monte nativo que aún sobrevive en nuestra Provincia”, afirma el movimiento en un comunicado.
Las familias del norte y noroeste provincial que están en peligro se ubican en Paraje Juan García, departamento Avellaneda, paraje El Barrial, Sobremonte, Paraje Las Cañadas, Paraje Los Poleos, Villa Albertina, Paraje La Aguadita, Santa Ana, Paraje Santa Isabel, Villa Candelaria, Campo del Carro, Paraje San Ramón, Pozo de la Olla, Paraje Los Pozos, Las Maravillas en Río Seco, Taruca Pampa, Villa Alicia, entre otras locaciones.
“Ya se venía denunciando este acrecentamiento de casos de usurpación en contra de campesinos, y una cantidad llamativa de resoluciones judiciales que disponen desalojos. Hay un endurecimiento injustificado que resulta ser contradictorio a lo que se debería procurar en una emergencia sanitaria como la que nos atraviesa. Las decisiones deberían ser tomadas con mayor recaudo”, asegura Raúl Almeida, abogado que integra el equipo jurídico del MCC.
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