Tras largo reclamo y un violento desalojo, una posible solución para vecinos de Juárez Celman

Después de cinco años de reclamos y lucha, el Gobierno provincial asignó el 2 de septiembre pasado 19 lotes para las familias de Juárez Celman que viven en la capilla de barrio Parque Norte, desde que fueron desalojados de sus viviendas en Parque Esperanza.

El 1 de junio del 2018, más de 50 familias fueron expulsadas violentamente por la policía y perdieron sus casas, a partir de la orden del juez Julio Guerrero Marín. Más de un año después, algunas siguen viviendo en la capilla en la que se refugiaron esa primera noche. Desde Jóvenes al Frente (JAF) creen que este es “el inicio de una etapa de renacimiento” e hicieron saber que se propusieron objetivos a corto y largo plazo, ya que “las medidas tomadas por nuestros jefes de gobiernos no alcanzan”.

En este sentido, recordaron que decenas de familias quedaron por fuera del acuerdo y que “de manera solidaria” en el loteo se van a acomodar “más de los que por normativa entramos, lo hacemos con total convicción, que de estas políticas mezquinas, nos salvamos de manera colectiva y organizada”.

Además, reconocen que la problemática habitacional de Juárez Celman aumenta de la mano de la del país, por lo que van a seguir poniendo en la agenda pública que “la tierra es un derecho, tiene que ser para quien la habita y de quien la trabaja”. En ese sentido, el colectivo se niega a resignar el derecho a la naturaleza, producir sus propios alimentos y tener un hábitat digno. Con el objetivo de “aumentar la dignidad y conciencia en el suelo que vamos habitar”, se organizan jornadas de participación comunitaria.

A su vez, aseguran que seguirán trabajando para que las nuevas generaciones puedan luchar por “pisos más elevados de dignidad”, ya que la problemática habitacional es estructural y las demandas de los sectores vulnerables siempre son las más postergadas.

Contexto

En un contexto de emergencia habitacional, el 12 de junio de 2014 un centenar de familias tomó posesión de unas diez hectáreas ubicadas entre los barrios Guiñazú y Ciudad de los Niños, cerca de la ruta 9 vieja y la variante Juárez Celman. El predio, habitado durante cuatro años por esas y otras familias que se fueron sumando, estaba abandonado. La mayor parte figuraba a nombre de la empresa URBANOR S.A., que en 1992 consiguió una aprobación para un desarrollo inmobiliario nunca ejecutado; otra parte pertenece a una herencia familiar no reclamada; y el resto es un terreno fiscal del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

En octubre de 2017, la causa “Abrigo Ezequiel Mauro y otros por supuestos autores de usurpación” llegó al Tribunal Superior de Justicia, que ordenó el desalojo. No obstante, antes de concretarlo solicitó al Estado provincial que se haga cargo de la cuestión habitacional, para lo que se habilitó una mesa de diálogo en la Secretaría de Hábitat, que comenzó a relevar la situación de lxs vecinxs. En febrero de 2018, el juez Julio Guerrero Marín decidió avanzar con el procedimiento de desalojo.

El 1º de junio de 2018 los vecinos fueron violentamente desalojados. Foto: Natalia Villalba

En la madrugada del 1º de junio de 2018, se consumó el desalojo suspendido en más de una decena de ocasiones, expulsando a las familias a la fuerza y derribando o incendiando sus viviendas. Hubo once personas detenidas y numerosas organizaciones sociales y de Derechos Humanos repudiaron la represión sufrida.

La responsable de comunicación de la Cooperativa 12 de Junio y JAF, Beatriz Carbel Olivera, dijo a Desafíos Urbanos: “Hay un ensañamiento particular con Parque Esperanza, porque hay muchas otras tomas de tierra y una emergencia habitacional en la provincia. Con nosotros quieren sentar un precedente”. Al respecto, recordó que son más de tres millones lxs argentinxs que viven en asentamientos y que, al ser un problema social, incumbe a los poderes Ejecutivo y Legislativo resolverlo, y no al Poder Judicial, como ocurre muchas veces en Córdoba.

Después de haber sido violentadxs por los tres poderes del Estado, lxs vecinxs presentaron una denuncia penal contra el juez Julio Guerrero Martín en la Justicia provincial, por avalar el operativo policial ejecutado con una orden judicial vencida. La última orden de desalojo fue enviada al jefe de Policía Gustavo Vélez, el 28 de mayo, para que fuera ejecutada el jueves 30 al mediodía: “La orden estaba vencida y no hubo otra, con lo cual se incumplió también la obligación de notificar con tiempo suficiente, en resguardo, por ejemplo, de que los menores no queden en una situación de riesgo, cosa que finalmente ocurrió. Ante la inexistencia de una orden judicial, entendemos que todo el actuar de la policía deviene ilegal”, explicó a Desafíos Urbanos Joaquín González, abogado de las familias de Juárez Celman.

Siete de lxs denunciantes solicitaron a la Justicia que se les reconozca la condición de querellantes para poder participar en forma directa en el proceso judicial: en todos los casos, se trata de jefas de familia que indican como domicilio actual la parroquia Nuestra Señora del Milagro de Salta, donde se refugian desde el día del desalojo.

De todas formas, desde JAF recuerdan que el Poder Judicial no debe resolver problemas que competen al Poder Ejecutivo.

Fuentes en red

https://www.desafiosurbanos.org/ley-regularizacion-dominial-amparo-los-mas-desprotegidos/

https://latinta.com.ar/2019/09/tierra-habita-lotes-parque-esperanza/

https://www.desafiosurbanos.org/violento-intento-desalojo-150-familias-juarez-celman/

Foto principal: Mechi Ferreyra

Actores y contactos

Ministerio de Desarrollo Social (Hugo Tocalli)

http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-desarrollo-social/

Tel: 0351 5243000

Cámara en lo Criminal de Sexta Nominación (juez Julio Guerrero Marín)

http://www.justiciacordoba.gob.ar