El pasado miércoles 29 inquilinos de la Ciudad de Córdoba se sumaron a la jornada de protesta nacional denominada Valijazo Inquilino con diversas intervenciones en la Plaza San Martín y en el marco del tratamiento actual de la Ley de Alquileres en el Congreso de la Nación.
Las actividades tuvieron como motivo “reflejar y representar la compleja y dura realidad que, como nómades, padecen millones de argentinos y argentinas”, indicaron desde Inquilinos Agrupados Córdoba. El eje principal es el rechazo al proyecto de reforma a la Ley de Alquileres que impulsa la oposición.
“La iniciativa sirve para continuar esclareciendo a la opinión pública sobre la necesidad una Ley de Alquileres que también contemple entre otros temas, la comisión inmobiliaria, la regulación del precio inicial y el rol necesario del Estado en el acceso a la vivienda digna”, agregaron en un comunicado.
La jornada de concientización coincidió con otras similares que se llevaron adelante en todo el país y que tuvieron como actividad central una movilización que se desarrolló frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires convocando a una multitud.
La mirada oficialista
El oficialismo viene defendiendo la ley sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la variación salarial publicado por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) del Ministerio de Trabajo.
Asimismo, impulsa que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.
Otro punto clave es la propuesta de creación de un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Finamente, los bloques oficialistas apuntan a la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones.
La propuesta opositora
Por su parte, el dictamen de minoría prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el INDEC o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año.
Los bloques opositores también proponen, como los oficialistas, beneficios para los monotributos y eximición de bienes personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones. Además impulsan que no se pague la ley del cheque en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, conforme a la reglamentación.
