Villa El Libertador: pendientes electorales y amenazas de desalojo

Carina Posadas y su hija son una de las tres familias que recibieron orden de desalojo, luego de años sin que el Estado atienda la situación ambiental y habitacional por la faltante de cloacas en uno de los barrios más grandes de Córdoba. Les dicen que deben irse y no hacen las conexiones, tampoco quieren que arregle su hogar. Si bien las obras se hicieron, el abandono prolongado aceleró el deterioro de las viviendas.

Por Redacción Enfant Terrible 

Villa El Libertador es uno de los barrios más grandes de Córdoba. Por la tarde se lo ve tan habitado que pareciera un poblado más que un barrio, con cientos de negocios y miles de personas en las veredas, comprando, paseando, o simplemente esperando que el tiempo pase. A la vez tiene muchos sectores, algunos más visibles y propensos a las propagandas electorales que otros.

En estos últimos meses los representantes de los gobiernos municipal y provincial se han hecho cada vez más presentes inaugurando obras como la remodelación de la plaza principal y el alto nivel. Obras grandes, visibles y costosas. Además, una muy importante obra con la que el propio Llaryora hizo alarde son las cloacas de la llamada zona crítica, las que en noviembre del año pasado, el intendente y candidato a gobernador por Hacemos Por Córdoba dio por finalizadas en un acto inaugural.

Un breve repaso por la “zona crítica”

La situación crítica por la falta de cloacas en la villa no era una novedad, porque los reclamos habían iniciado hace 4 años y tanto el entonces intendente Ramón Mestre como el gobernador Juan Schiaretti no tomaron la iniciativa de resolverlo. Así comenzó a volverse un gran problema por la convergencia de problemas estructurales de hundimientos de suelos, falta de obras cloacales y elevación de las napas freáticas. A lo sumo, en 2019 Mestre declaró en Emergencia Sanitaria a las 33 manzanas más afectadas, prácticamente retirándose de su gestión como intendente, más como un mensaje político a su adversario entrante.

Mientras el Estado especulaba con la zona, las casas se deterioraron cada vez más y las condiciones habitacionales fueron empeorando de forma crítica. Las casas comenzaron a ceder por la humedad, las aguas residuales subieron cada vez más generando enfermedades digestivas y respiratorias, los rebalses brotaron en las calles y el barrio pasó a parecerse más a una fosa a cielo abierto. También hubo una muerte.

Acá tenemos una vida

Hoy en día, a pesar de haberse conectado las cloacas, muchas casas se continúan deterioradas. Algunas por fuera parecen casas pequeñas en las que hay que entrar con la cabeza agacha, otras están partidas al medio y muchas por fuera parecen no tener problema, pero por dentro parece que caerán en cualquier momento. La situación demuestra que existen pasos en la remediación que no han sido atendidos por el Estado.

Sin embargo, existen casos en donde aún no hay ni cloacas, y ya tres familias que han recibido órdenes de desalojo por parte del Poder Judicial, por el mismo riesgo que corren de que la casa se caiga encima, el mismo riesgo que incrementó el abandono de tantos años. Carina Posadas es una de las vecinas afectadas en todos los sentidos, es madre, trabajadora, y su casa en la calle Piedra Pintada al 610 está judicializada. Las otras casas que han recibido la orden quedan sobre la misma calle.

Ella debió cambiar de lugar su dormitorio porque unos caños ubicados para sostener el techo ocupan toda la habitación, mientras las paredes están deterioradas por la humedad. La casa se ha hundido un poco, pero se mantiene firme, Carina quiere recuperarla, pero para ella sola es muy costoso. Recibió la orden por debajo de la puerta y pero sin muchas explicaciones más que lo expresado en el comunicado: irse o será desalojada con “uso de la fuerza pública si fuera necesario”.

“Supuestamente quieren sacarnos para hacer la conexión de las cloacas, pero ¿Con qué necesidad? Si a mí para hacerme las cloacas no tienen que pasar por adentro de mi casa, tienen que hacerlo por un pasillo de tierra que yo tengo. Cuando me quisieron hacer la conexión me dijeron ‘no podemos pasar porque tu casa está judicializada, por miedo a que vaya a pasar algo’. Pero con otros vecinos usaron el martillo hidráulico para romper veredas y se me movió toda la casa”, cuenta Carina.

Por la misma judicialización, Carina no tiene permitido modificar su casa. Le han ofrecido 100.000 pesos para que se vaya a un hospedaje con su hija menor de edad, pero sacó las cuentas y alcanzaría para 7 días, teniendo en cuenta que “hay que pagar el hospedaje, lavar la ropa… y no es lo mismo tener tu casa y comprar las cosas para hacerlas vos” dijo haciendo referencia a la comida.

A Carina no le han dado garantías de que su casa no será usurpada, uno de los grandes temores de todas las familias con orden de desalojo, lo único es una promesa de palabra y el patrullaje de la Policía barrial. “Es como que nos agarraron de punto, siendo que hay casas que están peores, que están muy deterioradas y están habitadas, muchísimas. Pero ellos vienen y miran de afuera y dicen ‘esta casa no está habitable’ y ni siquiera entran”.

La solución que pide Carina es no dejar su hogar porque “acá tenemos una vida, mi hija tiene que ir a la escuela”. También confesó que si tuviese otra casa ya se hubiera ido, porque la judicialización y el conjunto de problemas le está afectando su salud mental teniendo que comenzar a medicarse, algo que también comienza a verse en las otras familias amenazadas.

Por otro lado, permanecer implica sostener la casa y arreglarla para que no se siga viniendo abajo, pero esa no es una opción para el Estado, “porque nos han dicho que para qué van a arreglar algo que después se va a caer igual. A nosotros nos tendrían que dar un papel firmado donde diga que en tiempo y forma van a hacer los arreglos, mientras se hacen responsables de las casas. Pero eso no existe, corremos el riesgo de irnos y que nos usurpen, o que la casa se caiga más rápido porque no hay mantenimiento”.

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