El pasado 2 de marzo diputades nacionales, organizaciones ambientales y sociales y científicos presentaron ante el Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Humedales que había perdido estado parlamentario por tercera vez en diciembre de 2021, tras no ser tratada a tiempo en comisiones de Cámara de Diputados.
Los humedales son importantes reservas naturales de agua dulce de altísima calidad y también funcionan como absorbentes de carbono en la atmósfera, reduciendo la cantidad de gases de efecto invernadero.
“En Argentina estos entramados de ecosistemas ocupan el 21,5% del territorio y son fundamentales para actividades locales y regionales, económicas y sociales, siendo además el hábitat de especies únicas en el mundo y en peligro de extinción como el Yaguareté”, afirma la geógrafa Patricia Pintos. “El cuidado de todos estos elementos es un desafío humano y político que choca con los intereses de expansión del triple lobby: el minero, el agro-ganadero y el inmobiliario”.
Los incendios, así como los emprendimientos inmobiliarios, las fumigaciones en campos de cultivos transgénicos y la minería, son problemas que afectan directamente a los humedales, y de esta manera, se pretende una ley que pueda regular el trato humano y por ende productivo en estas áreas para morigerar su impacto.
Una de las características vitales del proyecto sería la creación de un Inventario Nacional de Humedales, compuesto por un mapa que daría cuenta de la ubicación de los humedales en Argentina, sus características y las funciones que cumplen en cada espacio del territorio, con la orientación a un tratamiento acorde a cada contexto.
Corrientes y sus paradojas
La cuarta presentación del proyecto busca proteger estos delicados y complejos ecosistemas, penalizando los incendios intencionales: en las últimas semanas, la Ley de Humedales recobró protagonismo en los medios de comunicación, debido a las 785 mil hectáreas arrasadas por el fuego en Corrientes.
La Provincia en cuestión es la jurisdicción con mayor superficie de estos ecosistemas, pero a su vez el monocultivo forestal de especies exóticas, las arroceras y la ganadería ejercen presión sobre el poder político aduciendo que, de aprobarse el proyecto, podría quedar improductiva el 70 % de la superficie de Corrientes.
El Senado correntino manifestó su preocupación por las implicancias negativas que este proyecto podría deparar hacia el sistema productivo y enlazó esto con una defensa en torno a la autonomía. Una semana antes, la Coordinadora de Entidades Productivas de Corrientes, compuesta por más de 10 organismos, entre ellos la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, había rechazado la posibilidad de una nueva normativa nacional.
“Nadie sabe si con una ley estos incendios no se hubieran producido, pero una ley ordena el territorio y las actividades productivas sobre estos ecosistemas, sin prohibirlas. Los humedales actúan como cortafuegos, son esponjas que dan agua en momentos de sequía y la quitan en momentos de excesos hídricos. Su conservación es clave para enfrentar el cambio climático”, explica el abogado ambientalista Enrique Viale.
La larga demanda por una ley que proteja los humedales en nuestro país lleva una década de postergaciones y su aprobación dependerá no solamente de buenas voluntades, sino de la decisión de avanzar contra los intereses económicos de los principales actores que se benefician con la explotación de estas tierras.
