Numerosas organizaciones socioambientales de Córdoba participaron a mediados de diciembre de diversas manifestaciones para exigir la admisión de una medida cautelar precautoria presentada en septiembre a causa del proyecto de Autovía de Montaña de Punilla propiciado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En esta presentación, que estuvo acompañada de proyecciones y muestras artísticas en un festival frente al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (TSJ), se expuso la ilegalidad que implicaría la obra por irregularidades en cuanto al impacto ambiental, así como los mecanismos de consulta y participación ciudadana. También se socializó un documento donde se reciben adhesiones.
La medida original fue presentada con el anunció que pretendía licitar el primer tramo de la Autovía Alternativa a la ruta 38 antes de fin de año. La medida cautelar permitió, en un primer momento, frenar las obras hasta tanto se resuelva el amparo judicial, pero ante los reiterados movimientos del Gobierno provincial, las organizaciones decidieron movilizarse nuevamente.
“Se pide que se declare la nulidad de la Resolución 192 (“Licencia Ambiental”), publicada en el Boletín Oficial el 24 agosto de 2021, por todas las falencias tanto del Estudio de Impacto Ambiental como por las irregularidades en el acceso a la información y a la participación ciudadana”, señala el comunicado.
Por su parte, las organizaciones vienen realizando distintas acciones para denunciar la ilegalidad de las obras viales que impulsa el Gobierno, tanto en relación a la variante ruta 38° como la variante ruta 5°, que afectarían distintos cursos de agua, monte nativo, viviendas, patrimonio arqueológico y paleontológico: “Estamos a la espera de la urgente respuesta antes de que sea demasiado tarde. El daño socioambiental sería irreversible si no se frena a tiempo”.
En 2018, la principal discusión se dio entre sectores de perfil ambientalista y el Gobierno que sostenía el proyecto de un trazado por el este de la actual ruta nacional 38, que finalmente archivó ante un escenario de conflictividad. Actualmente, desde el Gobierno sostienen que se abrirá el debate y la participación, pero insisten en que se cumplieron los pedidos centrales de los ambientalistas, y que los principales cambios se deben a la suspensión el financiamiento exterior del proyecto y la pandemia.
