La campaña nacional Migrar No Es Delito y la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) están organizando jornadas de asesoría en cuestiones migratorias, como la realizada el 19 de junio en el barrio Los Artesanos, al sur de la ciudad de Córdoba. La próxima será el jueves 11 de julio, de 15 a 19 horas, en barrio Darío Santillán (detrás de la manzana 56 de Nuestro Hogar III) y lxs organizadorxs esperan llevar a cabo otros encuentros en los próximos meses.
Estas actividades de información, concientización y organización son una iniciativa de la campaña Migrar No Es Delito, que viene denunciando la transformación de las políticas migratorias a partir de 2015: asegura que el paradigma cambió a un panorama de persecución, criminalización y expulsión de migrantes y solicita la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 del Poder Ejecutivo.
En Córdoba, más de una decena de organizaciones sociales se articulan alrededor de la campaña. En marzo de este año, después de una masiva movilización, iniciaron una mesa de diálogo con la delegación de la DNM en Córdoba. Los responsables de la campaña, aseguran que estas jornadas de orientación ayudan a que lxs migrantes puedan acceder al documento y a que la DNM “se haga cargo de la situación que genera”.
La integrante de la campaña Migrar No Es Delito y de la asamblea migrante de la Universidad Nacional de Córdoba Ana Tellez explicó a Radio Sur que el nuevo sistema de regulación “no se adapta al contexto de la mayoría de lxs migrantes y que es la misma DNM la que genera la irregularidad de las personas en el país”. La regularización es lo que posibilita acceder al DNI y “esto facilita que lxs migrantes accedan a derechos sociales, fomenta el trabajo formal, reduce la explotación laboral y permite al Estado conocer la realidad de lxs habitantes para diseñar mejores políticas públicas”.
Trabas tecnológicas y económicas
La DNM cambió el sistema de regularización por el Módulo de Radicación a Distancia de Extranjeros (RADEX). Un trámite que se hace online y para el que se necesita acceso a internet, computadora y scanner. Tellez denunció el desconocimiento que generó este cambio y relató que muchas personas se ven obligadas a contratar a alguien que digitalice sus documentos y que “muchas veces no hacen bien ese trabajo”, generando imposibilidades y demoras para seguir con el proceso.
Al respecto, el delegado de migraciones Diego Puentes aseguró que el sistema es más cómodo y rápido, ya que antes “había una espera de 10 a 12 meses para un turno y hoy en día se agilizó el trámite teniendo una espera máxima de 70 días”. No obstante, reconoció que algunas personas tienen dificultades con la informatización del sistema y adelantó que en la Dirección (Caseros 676) se destinará una computadora para que las personas que carezcan de la tecnología necesaria puedan acceder al sistema. Además, señaló que las jornadas realizadas en los barrios Darío Santillán y Los Artesanos tuvieron el objetivo de difundir en qué consiste la regularización y asesorar sobre el sistema a lxs usuarixs.
Otro de los reclamos tiene que ver con el aumento de las tasas. Acceder al DNI cuesta en la actualidad alrededor de 6000 pesos. La irregularidad migratoria es una infracción administrativa, nunca conforma un delito, pero su acceso es valorado por lxs migrantes y el Estado debe subsanarlo. El elevado costo de las tasas y la crisis económica que atraviesa el país dificultan el trámite. Por ello, las organizaciones piden la ampliación de la tasa de eximición para que las familias que no pueden pagarlas puedan regularizar su situación.
Además, Tellez señaló que las personas que vienen de países que no pertenecen al Mercosur tienen otras dificultades, ya que algunos -como Senegal- no tienen representación consular en Argentina. Esto genera obstáculos para conseguir la documentación necesaria y “las personas quedan atrapadas entre la burocracia de las solicitudes del país receptor y los procedimientos de los países de origen”.
A su vez, lxs migrantes que vienen de países en los que el castellano no es el idioma oficial deben traducir toda la documentación. Para tratar de achicar esta barrera, la campaña requirió un informe sobre la cantidad y las características de lxs traductorxs con los que cuenta la DNM, para poder difundir esa información y tratar de responder a las necesidades de las personas que provienen de lugares como Haití.
Expulsiones arbitrarias y agresiones
Migrar No Es delito está a la espera de la información sobre los controles de permanencia que solicitó a la DNM en Córdoba. Las expulsiones efectivas a migrantes que no tienen documentación local aumentaron en más de un 500% entre 2016 y 2018.
En este sentido, cuestionan que en algunas de las expulsiones separaron a lxs niñxs de sus padres y/o madres migrantes. Es el caso de Vanessa, una mujer de origen peruano que vivía en Villa Lugano (Buenos Aires), y fue expulsada del país el 4 de febrero de este año. Apresada con el menor de sus hijos, los dos mayores -de 5 y 14 años- quedaron sin acompañamiento ni noticias sobre el destino de su madre y hermano. Su abogado y varias organizaciones sociales presentaron una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el daño provocado por la expulsión al separar la familia.
No es la única. Sierra había cumplido una condena y desconocía su orden de expulsión. Cando fue a renovar su documentación, fue retenida y rápidamente expulsada. Mientras tanto, su hija de 14 años se encontraba en la escuela. Gabriela Liguori, directora de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), reveló que “la expulsaron sin posibilidad de despedirse de su hija y el impedimento de reingreso al país es permanente”.
Días atrás, la campaña Migrar No Es Delito denunció que el refugiado político colombiano Alexander Angulo -reconocido por la Comisión Nacional Para los Refugiados- fue agredido en Buenos Aires. Una patota de desconocidos lo golpeó en la cabeza dejándolo inconsciente y con el saldo de una triple fractura de mandíbula. Por su condición de extranjero, debió peregrinar durante más de diez días por distintos centros de salud y pagar la atención. “Estamos en alerta y rechazamos el amedrentamiento con prácticas racistas y xenófobas hacia nuestro compañero Alexander quien viene trabajando de manera activa desde distintos espacios las vulneraciones hacia los derechos de las personas migrantes”, expresa el comunicado de la campaña.
Contexto
La Ley de Migraciones 25.871 sancionada en 2003 es considerada un paradigma de avance en materia de Derechos Humanos. El 30 de enero del 2017, fue modificada con el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) 70/2017, que introdujo impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes, vulnerando los principios de igualdad y universalidad.
Los reclamos de la campaña nacional Migrar No Es Delito se centran en el aumento de tarifas de los trámites; las trabas administrativas; la persecución policial; la creación de una aplicación (S.I.M.E.L.) que registra lxs migrantes en situación administrativa irregular; y el arancelamiento de la salud y la educación. Esperan que la Corte Suprema de Justicia proceda a la anulación definitiva del DNU, después de haber declarado su inconstitucionalidad en marzo de este año.
En este marco de inconformidad sobre las políticas migratorias, el 4 de septiembre pasado realizaron el segundo paro migrante.
El último censo nacional, del año 2010, cuantifica 1.805.797 migrantes en el país. Se calcula que en la provincia Córdoba viven alrededor de 90 mil extranjerxs. Las comunidades más numerosas son la paraguaya y boliviana.
Según los datos del Consulado Boliviano en Jujuy, cada vez vienen menos personas del país limítrofe y muchas familias que llevaban menos de cinco años en Argentina decidieron volver a su país de origen en este último tiempo. Creen que la razón puede ser la crisis de los mercados comerciales, agricultores y de la industria textil, las ramas en las que la comunidad boliviana tenía mayor inserción laboral.
Fuentes en red
https://www.laranchada.com.ar/jornadas-de-asesoria-y-regulacion-migratoria-en-cordoba/
https://m.facebook.com/105052036200467/photos/a.109196769119327/2494442140594766/?type=3&source=48
https://www.facebook.com/migrarnoesdelito/posts/459648274576749
https://latinta.com.ar/2019/03/migrantazo-basta-de-expulsiones/
https://elpais.com/internacional/2019/06/25/mexico/1561496912_818134.html
Actores y contactos
Campaña Migrar no es delito: migrarnoesdelitoargentina@gmail.com https://www.facebook.com/migrarnoesdelito/
Dirección Nacional de Migraciones: info@migraciones.gov.ar , Tel. (011) 4317-0234. En Córdoba: Caseros 676, Tel: 0351 422-2740.
UCIC: Tel: 0351 434-2437 Ext 247, inmigrantesucic@yahoo.com.ar
Coordinadora Migrante / Consejería para Migrantes: coordinadoramigrantelaplata@gmail.com
Corte Suprema de Justicia: Tel: 011 4123-3627 / 3662.
CECOPAL (Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal): Atención para Asesoramiento Legal los jueves de 15:30 a 18:00 horas en Av. Colón 1141. Teléfono: 0351 422-3528
Instituto de Presencia Afroamericana (IPA): Youby Jean Baptiste youbyjbaptiste@yahoo.fr
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF): http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/caref
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): http://www.oas.org/es/cidh/
