La Organización de las Naciones Unidas instó días atrás al Gobierno argentino a derogar el decreto que habilita a echar del país mediante un procedimiento express a personas migrantes con antecedentes penales, y que revise los casos de las expulsiones ejecutadas bajo su vigencia.
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/2017, dictado por el presidente Mauricio Macri el 27 de enero de 2017, establece por motivos de “seguridad pública” un “procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo”, aplicable a los casos en que personas “de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio”.
El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la ONU observa que el DNU crea “un procedimiento sumario ‘acelerado’, aplicable a las personas que son objeto de una orden de expulsión, que provoca indefensión, y da un carácter únicamente administrativo a las decisiones de permanencia o expulsión que afectan la vida y los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias”.
Por lo tanto, exhorta al Gobierno argentino a que “adopte las medidas necesarias para que, en todos los procedimientos administrativos y judiciales, se garantice el respeto de las garantías procesales a las personas migrantes en pie de igualdad con los nacionales del Estado”.
Contexto
Además, el organismo internacional expresó su “profunda preocupación por la promulgación y aplicación del Decreto Nº 70/2017, a pesar de que fue declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo en marzo de 2018″. En efecto, el DNU 70/2017 había sido declarado inconstitucional en marzo de 2018, a instancias de una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), avalada por varias instituciones sociales y académicas involucradas en la problemática de los migrantes.
En ese fallo, los jueces de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, resolvieron que el decreto “no solo constituye una apropiación de facultades legislativas sin causa constitucional que la legitime, sino que también recoge en su articulado soluciones que son incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos que forman parte de las condiciones de vigencia de los instrumentos internacionales en la materia”.
“El colectivo al que se refieren estas modificaciones de la ley migratoria –señalaron–, constituye un grupo vulnerable, en situación de inferioridad en cuanto al ejercicio real y efectivo de sus derechos. El decreto no hace más que perpetuar esta situación de sometimiento, respecto de todos los migrantes, ya que no se limita a los casos de quienes tienen antecedentes penales o específicamente a quienes poseen antecedentes penales por infracciones a la Ley de Estupefacientes”.
Desde la vigencia de esta normativa, se han expulsado a alrededor de 120 personas, invocando cuestiones de seguridad. Entre ellxs, la peruana Vanessa Gómez Cueva, quien cumplió condena de cuatro años de prisión por infracción a la ley de drogas y tiene tres hijxs nacidxs en la Argentina. Recién después de una denuncia ante el mismo comité de la ONU, a comienzos de este mes el Gobierno la autorizó a retornar al país “por razones humanitarias”.
Sobre el caso de Gómez Cueva, el candidato a vicepresidente por Cambiemos Miguel Ángel Pichetto declaró que “hay una patología en la Argentina. Esta mujer vendía drogas a los pibes de Buenos Aires. Una delincuente peruana narcotraficante que fue condenada, cumplió la condena y la expulsaron”. “Y ahora, como somos humanitarios, buenísimos –ironizó Pichetto–, vamos a permitirle que vuelva para que se encuentre con los hijos mayores acá. Está mal esto, está mal, y ahora todo el mundo es solidario con la peruana”.
Desde el dictado del decreto Decreto Nº 70/2017 y frente al endurencimiento de las políticas oficiales, los colectivos de personas migrantes llevan adelante un plan de lucha y concientización en las principales ciudades del país, con la consigna “migrar no es delito”. Las acciones incluyeron paros, actividades informativas en consulados y embajadas y una audiencia pública en el Congreso de la Nación.
Fuentes en red
http://www.migraciones.gov.ar/pdf_varios/residencias/Decreto_70-2017.pdf
https://www.pagina12.com.ar/216035-vanessa-gomez-cueva-la-migrante-expulsada-podra-volver-al-pa
Foto: https://www.prensa-latina.cu/
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