Joaquín Paredes murió baleado por la espalda por policías provinciales en Paso Viejo, al noroeste cordobés. Otros dos amigos están heridos. Es el tercer caso de gatillo fácil con desenlace fatal desde el inicio de la cuarentena en Córdoba.
Por Alexis Oliva
Un adolescente de 15 años fue baleado por la espalda y muerto por miembros de la Policía de Córdoba, lo que generó indignación y protestas en la localidad de Paso Viejo y en la ciudad capital del departamento Cruz del Eje. Otros dos chicos de 15 y 17 años también sufrieron heridas de armas de fuego, pero ya están fuera de peligro.
A eso de las 4 de la mañana, Joaquín Paredes y un grupo de amigos escuchaban música y tomaban algo en un espacio público entre el dispensario y la radio de Paso Viejo, cuando un móvil policial se detuvo frente a ellos y sus ocupantes les ordenaron retirarse. Sin darles ni un minuto para cumplir la orden, junto a otro vehículo policial dieron la vuelta a la manzana, descendieron y ante la huida de los jóvenes efectuaron varios disparos. Uno de ellos impactó en la espalda de Paredes, que cayó al piso.
“¡Le pegaron a Joaquín! ¡Qué alguien nos ayude! ¡Una ambulancia!”, los escuchó gritar una vecina que presenció los hechos. “Los chicos empezaron a golpear en el dispensario para que los atiendan. Supuestamente, la enfermera que tenía miedo no quiso salir. Joaquín estaba herido y había dos más. Supuestamente, la ambulancia no podía salir porque no tenía autorización. Los chicos vinieron acá a la Policía, y los corrieron a balazos. La balacera era terrible. Yo vivo a dos cuadras y media y llegaban las balas ahí. Cuando lo llevaron a Joaquín ya habían pasado más de cuarenta minutos y lamentablemente… estaba muerto”, relató.
La mujer también aseguró que los jóvenes no estaban armados ni hacían otra cosa que beber y escuchar música. También sufrieron heridas de bala calibre 9 milímetros Jorge Navarro (18), en el tobillo y la pantorrilla izquierda, y Brian Villagra (15), en el brazo derecho, además de una fractura de fémur, aparentemente producto de la caída. Ambos debieron ser trasladados 50 kilómetros hasta el Hospital Aurelio Crespo de Cruz del Eje, donde se recuperan.
Mientras tanto, con la Policía ausente en la escena del crimen y las víctimas sin auxilio institucional, la noticia corrió entre los habitantes de Paso Viejo y la impotencia trocó en indignación. Hubo protestas frente a la comisaría y el dispensario municipal, donde se registraron algunos enfrentamientos y roturas.
Durante la mañana, la fiscal de Cruz del Eje Fabiana Pochettino se trasladó a Paso Viejo y ordenó el apartamiento y detención de los cinco policías involucrados. Los agentes Enzo Ricardo Alvarado (28), Maykel Mercedes López (24), Iván Alexis Luna (25), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) y el sargento Jorge Luis Gómez (33) están imputados por homicidio agravado y heridas graves calificadas por su condición de funcionarios de seguridad.
Una versión para “culpar a la víctima”
La versión oficial, emitida desde la Dirección General Departamentales Norte de la Policía, indica que hubo una denuncia anónima al 101 porque alrededor de veinte personas “estaban causando disturbios”. Al acudir al lugar y “verse superados en número por los agresores”, efectuaron disparos al aire para intentar disuadirlos. El relato se contradice con el citado y otros testimonios de vecinos, que aseguran solo había nueve chicos y no presenciaron agresión alguna de su parte.
“Está circulando mucha información errónea y claramente es una estrategia de la policía, pero nada de eso es verdad. Están mezclando lo que pasó después, cuando unos veinte vecinos en medio del dolor por la muerte de Joaquín fueron a la comisaría y rompieron la ventana y una luneta de un móvil policial. Son los mismos vecinos que tuvieron que auxiliar a los chicos, algunos llevando a los heridos a Cruz del Eje en sus autos particulares y otros que se quedaron con Joaquín en el piso”, dijo a Desafíos Urbanos Susana Rosales, ex profesora del chico Paredes en el IPEA N° 306 de Paso Viejo.
Un repudio generalizado: “No son acciones aisladas”
Mientras tanto, la indignación y el repudio se extendían al resto del departamento, a la ciudad cabecera y a Córdoba capital. Desde la delegación Cruz del Eje de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, expresaron: “Nos invade una profunda preocupación por las acciones de violencia ejercidas por la Policía de la Provincia de Córdoba, frente a hechos que a diario ocurren con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Frente a esta tristísima situación, la UEPC acompaña en el dolor de la familia y a toda la comunidad educativa del IPEA Nº 306”.
Para la Mesa de la Memoria de Cruz del Eje, esta nueva muerte derivada del abuso policial “evidencia la impunidad con la que las fuerzas de seguridad operan, haciéndolo de manera arbitraria, violando los principios elementales de la democracia y sin ningún tipo de control político ni judicial sobre las mismas, ni de las instituciones que deben llevar adelante la política de seguridad en todo el territorio provincial. Necesitamos y exigimos, como ciudadanxs, una respuesta efectiva de la Justicia y del poder político para que estos hechos aberrantes no sólo no queden impunes, sino que no vuelvan a ocurrir”.
Por su parte, el Movimiento Campesino y la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, denunciaron: “Estas no son acciones aisladas, vivimos todos los días en nuestros pueblos y ciudades el hostigamiento y persecución permanente de la policía de Córdoba contra los jóvenes de los sectores populares. Por eso mismo, creemos necesario dar la discusión urgente de un modelo de seguridad pública basada en valores democráticos, inclusivos y solidarios. No queremos ni un pibe más asesinado por el gatillo fácil de la policía”.
Tercera víctima de gatillo fácil en cuarentena
Joaquín Paredes es la tercera víctima de gatillo fácil policial en la provincia de Córdoba, desde el inicio de una cuarentena que en la fuerza de seguridad acrecentó la tendencia a disparar ante la mera sospecha o el no acatamiento de una orden de detención.
José Antonio Ávila (35), un trabajador de la construcción, murió en la madrugada del 4 de julio en barrio Villa El Libertador, baleado en el pecho por dos policías de la División Motocicletas. Los cabos primeros Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez fueron detenidos y la fiscal Eugenia Pérez Moreno les imputó los cargos de homicidio doblemente agravado por la función y el uso de arma de fuego, además de la acusación de abandonar a la víctima y no reportar el hecho.
Un mes después, el 6 de agosto, Valentino Blas Correas, de 17 años, fue muerto por otro balazo policial en el Centro de Córdoba. El chico iba con cuatro amigos del colegio en auto por avenida Vélez Sársfield al 4500. Luego contarían que dos motociclistas intentaron robarles y por eso aceleraron hacia el Centro y no se detuvieron en un control policial. Los policías les dispararon. El auto recibió al menos cuatro impactos de bala. Uno ingresó por la luneta trasera y dio en la espalda de la víctima. El amigo que conducía aceleró y lo llevó al sanatorio privado Aconcagua, donde se negaron a atenderlo. Camino al Hospital de Urgencias los interceptaron dos patrulleros. Blas ya estaba muerto.
El caso de Joaquín tiene como escenario un tranquilo pueblo del noroeste cordobés, cuyos habitantes no se imaginaban despertar un domingo a sangre, fuego y muerte.
