Un Moro en el país sin costa (y con dictadura)

El reclamo por la investigación de la “extremadamente dudosa” muerte del periodista Sebastián Moro, en el contexto del golpe de Estado en Bolivia, cobra fuerza en la Justicia nacional e internacional y es prioridad en la agenda del expresidente Evo Morales. Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, su historia es un ejemplo del mandato periodístico de “dar testimonio en tiempos difíciles” que formulara Rodolfo Walsh.

Por Alexis Oliva *

Evo Morales recibe la foto, la mira y la muestra. “#SebastianMoroFueElGolpe”, se lee bajo el retrato del periodista mendocino. El público estalla en aplausos y se escuchan gritos de “¡Justicia!”. Es viernes 6 de marzo de 2020 y el auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo está colmado para recibir al ex presidente de Bolivia, depuesto el 10 de noviembre de 2019 por un golpe de Estado y refugiado en la Argentina.

Foto: Coco Yañez – El otro diario www.elotro.com.ar

Luego de recibir el reconocimiento a su trayectoria social y política, Morales y la decana Claudia García entregan a Raquel Rocchietti y sus hijas Mélody y Penélope Moro el título de licenciado en Comunicación Social de Sebastián Moro, muerto en el contexto de la sedición en Bolivia a sus 40 años; víctima de causas que se investigan desde la hipótesis de un ataque perpetrado por las bandas derechistas a las que el golpe en ciernes les dio cobertura de impunidad para desplegar su violencia.

Mientras sus hermanas alzan sus fotos y su madre el diploma, en el auditorio Luis Triviño repica el “¡Sebastián, presente! ¡Ahora y siempre!”. El líder boliviano estaba al tanto de lo ocurrido con Sebastián, pero a la mañana siguiente en una reunión privada con la familia Moro pudo conocer los pormenores y asimilar su gravedad. “Se mostró muy humano, mucho más de lo que nos imaginábamos. Incluso, reconoció ciertos errores, respetó silencios y trató de contenernos y hacernos sentir que se comprometía con Sebastián de ahora en más. Fue muy necesario ese encuentro. Por supuesto, nos prometió volver a Bolivia y un proceso de justicia”, cuenta Penélope.

Foto: Pachi Reinoso

A la caza de periodistas

Ella compartía con Sebastián su oficio y pasión por el periodismo y fue la última de la familia en comunicarse con él. El sábado 9 de noviembre, vía whatsapp, su hermano le contó que los golpistas habían ganado las calles de La Paz y tomado la sede de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), donde trabajaba como editor del periódico Prensa Rural y en la radio Comunidad. También le relató que secuestraron y torturaron por varias horas a José Aramayo, su jefe directo y director general de los medios de la Confederación, salvado en extremo de un linchamiento. Sebastián volvió a su departamento, donde terminó una nota para el diario Página 12 y le avisó a Penélope que saldría “a despejarse un rato”, porque al día siguiente tendría mucho trabajo.

El domingo, tras varias horas de intentar en vano comunicarse con Sebastián, la familia Moro le pidió a un allegado que fuera a buscarlo. Esta persona –cuya identidad se protege– lo encontró en su cama, semi-inconsciente y con marcas de golpes, y vio algunas sillas tiradas en el piso. Sebastián fue internado en una clínica privada, donde entró en coma. Penélope llegó a La Paz el lunes 11, cuando Evo Morales ya había renunciado y los opositores saqueaban su residencia. En la clínica le informaron que su hermano había sufrido un accidente cerebro vascular (ACV) izquémico con alto riesgo para su vida. Ella fotografió las marcas en su cuerpo, que los mismos médicos atribuyeron a una agresión.

Sebastián Moro en la redacción de Prensa Rural, invadida por las bandas de la derecha boliviana durante el golpe de Estado

Raquel y Mélody arribaron a Bolivia el 13. El cuadro clínico de Sebastián empeoró y a las 0 horas del sábado 16 falleció. Durante los siete días que duró su agonía no recuperó la conciencia. El mismo día de su muerte, el Poder Ejecutivo encabezado por Jeanine Áñez emitía el decreto 4078 que eximía de responsabilidad penal a policías y militares que participaran en “operativos para el restablecimiento del orden interno”, denunciado como una “licencia para matar” manifestantes contrarios al Gobierno de facto. A esa altura, ya había 23 muertos y 715 heridos.

En ese contexto, los médicos del sanatorio desalentaron a la familia Moro a reclamar la autopsia de Sebastián y les aconsejaron cremarlo. En el Consulado Argentino en La Paz les dijeron que era imposible llevar un avión sanitario a Bolivia para repatriar el cuerpo y les recomendaron “salir cuanto antes del país”. Imposibilitadas de realizar una denuncia y temiendo por su propia integridad, aceptaron la cremación y regresaron a la Argentina.

Para no volver atrás

Sebastián había trabajado en Radio Nacional de su provincia y escribía sobre los juicios de lesa humanidad para el colectivo “Juicios Mendoza” y otros medios. De eso versaba la tesis con la que obtuvo su título y el diploma que no alcanzó a recibir en vida. Con la asunción del Gobierno de Cambiemos, fue uno de los y las centenares de periodistas que por razones económicas o políticas perdieron su trabajo en la Argentina y debieron marcharse del país.

En abril de 2019, durante una entrevista en el programa Con el pueblo en la piel, por AbyaYala TV Bolivia, explicaba su determinación de radicarse en Bolivia: “Básicamente, por mi compromiso en el oficio. Así como cientos de colegas en la Argentina, a partir de lo que fue la asunción del Gobierno de Mauricio Macri, a finales de 2015, cuando comenzó un arduo proceso de persecución laboral y judicial a quienes acompañábamos los gobiernos anteriores desde distintas profesiones. Así tomé la decisión de probar suerte y comenzar de cero en un país donde la sociedad quisiera ir para adelante y no volver para atrás en lo que fueron los peores años de nuestra historia”.

Por ese entonces, ya trabajaba en los medios de la CSUTCB, como jefe editor del semanario Prensa Rural y productor y conductor de algunos programas de Radio Comunidad. Como corresponsal de Página 12, Moro escribió una docena de notas sobre el proceso posterior a las elecciones del 20 de octubre que desembocó en el golpe de Estado. En esos días, lo entrevistaban desde medios argentinos y de varios países sudamericanos y su voz era una alarma sobre la conspiración que amenazaba a Bolivia.

En TV Canal 9 Litoral, el 7 de noviembre alertó sobre “la situación de continuos enfrentamientos y paralización del país, porque los grupos que responden a los distintos sectores de la oposición están llevando adelante medidas de fuerza” y denunció el “modus operandi de estos grupos de choque radicalizados que responden a los comités cívicos, fundamentalmente a la Unión Juvenil Cruceña, los más fundamentalistas. A Patricia Arce (la alcaldesa de Vinto) la secuestraron y luego el edificio de la Alcaldía fue prendido fuego y destruido. La llevaron a un lugar aislado y la sometieron a diversas vejaciones (…), una imagen emergente del discurso y las acciones de violencia y racismo que se creían sepultados en Bolivia y que a la luz de estos enfrentamientos han vuelto a surgir”.

En su última nota para Página 12, titulada Un golpe de estado en marcha en Bolivia, narraba: “El sábado hubo actos vandálicos y agresiones a funcionarios, periodistas y militantes del MAS en distintos puntos del país. Entre varios hechos, el gobernador de Oruro sufrió el incendio de su vivienda, trabajadores estatales del canal Bolivia TV y de Radio Patria Nueva denunciaron que fueron secuestrados y privados de su derecho al trabajo por grupos de choque de la oposición que cercaron el edificio, y la sede paceña de la Confederación Campesina (CSUTCB) fue invadida y atacada, delito que fue repudiado por el propio presidente Morales antes de reunirse con los dirigentes de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”.

Sebastián Moro se radicó en Bolivia porque quería vivir en “un país donde la sociedad quisiera ir para adelante y no volver para atrás”

El caso Sebastián Moro tuvo como contexto esa brutal avanzada contra los sectores populares, campesinos y originarios, que también se dirigió contra medios y periodistas afines a las políticas del proceso de cambio. Con el asesoramiento del abogado Rodolfo Yanzón, su muerte fue denunciada por la familia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ocupa un capítulo en el informe de la Comisión Argentina en Solidaridad con el Pueblo Boliviano. Allí se la define como “extremadamente dudosa”, por los numerosos indicios de que “sufrió una agresión previa a la larga agonía que concluyó una semana después con su fallecimiento”. También fue incluida en las denuncias contra el golpe de Estado en Bolivia en la Justicia Federal argentina, en Buenos Aires y en Córdoba, mientras el reclamo de justicia crece entre los periodistas, los organismos de derechos humanos y la sociedad.

Por estos días, desde las preguntas “¿Dónde nos encontramos si no es en la creación? ¿Dónde nos reencontramos si no es en la memoria?”, veinte artistas visuales mendocinos aportaron su trabajo a la propuesta Dibujos para Sebastián que se publican desde el 21 de marzo en la página Sebastián Moro Fue El Golpe.

En doble línea de fuego

Raquel Rocchietti y Mélody Moro, acompañadas por la abogada Lyllan Luque, presentan la denuncia y se constituyen como querellantes en el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba

En su incansable trajín en busca de justicia, el jueves 12 de marzo su mamá Raquel y su hermana Mélody viajaron a la capital mediterránea para incluir el caso de Sebastián en el marco de la denuncia contra los golpistas bolivianos (causa “N.N. S/Averiguación de delito. Denunciante: Asociación Civil Desaparecidos y Mártires Populares”, expediente FCB N° 1881/2020) que se tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba.

Patrocinadas por los abogados Lyllan Luque y Claudio Orosz y acompañadas por militantes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, se constituyeron como querellantes y plantearon que la muerte de Sebastián se enmarcó en una “cacería furiosa contra periodistas allegados al proceso de cambio impulsado por el gobierno de Evo Morales”, en un contexto de “genocidio” y como tal de crímenes de “lesa humanidad”, tipificación sustentada –entre otros hechos– en las 18 víctimas fatales del golpe de Estado y las masacres de Sacaba (9 personas asesinadas) entre el 15 y el 16 de noviembre y de Senkata (7 víctimas) el 19, cometidas por las fuerzas de seguridad a las órdenes del Gobierno de facto.

En la denuncia, la familia Moro detalla las huellas de traumatismos que observaron los médicos y su hermana Penélope en el cuerpo de Sebastián: “Su mano izquierda en estado total de inflamación y de color morado oscuro, rasguños en el rostro, moretones en el mismo hombro izquierdo, rasguños en los brazos”. Además, señalan que de su domicilio “desapareció su grabador de periodista, su chamarra identificatoria como trabajador de prensa de la CSUTCB y una libreta de anotaciones”, y dejan constancia de la negativa a acceder a la historia clínica.

Al salir de tribunales, su madre manifestó: “Hemos venido a instalar la denuncia penal para que continúe la investigación, paralelamente a la denuncia que está hecha en la CIDH. Hemos presentado las mismas pruebas que teníamos. No hay mucho para agregar, dado el estado en el que se encuentra Bolivia, sin instituciones y sin democracia. Son pasos a seguir para que cuando se restablezca Bolivia podamos continuar abiertamente con la causa”.

La principal expectativa a corto plazo es que el tribunal habilite la investigación y la recolección de pruebas. “Mientras tanto, estamos disputando si el principio de jurisdicción universal va a ser asumido por la Justicia Federal cordobesa o no. Lo que no está en discusión es que se trate de una causa de lesa humanidad”, explicó la abogada Luque.

Mélody Moro, Raquel Rocchietti, Lyllan Luque y Emiliano Salguero

Para Emiliano Salguero, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, Sebastián era parte de “ese cuerpo social que viene pidiendo justicia en la Argentina desde hace mucho tiempo, porque acompañó las causas de lesa humanidad en Mendoza y en el país”. “Esperamos que las denuncias que se han hecho en Argentina y en el marco de la justicia universal puedan avanzar en relación a la investigación y sobre todo a la identificación y acusación de los responsables”, añadió.

“Creemos que Sebastián fue torturado y golpeado y por eso se le produjo un ACV. No son palabras nuestras, sino de los especialistas que están tratando el asunto –señaló su hermana Mélody–. Él estaba en una doble línea de fuego: trabajaba para los medios de la CSUTCB, cuyas páginas fueron hackeadas a partir del golpe y se borró todo su trabajo periodístico. Pero también informaba para la Argentina y en esos días lo llamaban desde Venezuela, Ecuador, Chile… Sebastián es el primer periodista en el mundo en anunciar y denunciar el golpe de Estado y a su vez es su primera víctima fatal”.

* Para Desafíos Urbanos y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba

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