A instancias de los vecinos de Parque Esperanza en Juárez Celman, un grupo de legisladores provinciales logró frenar el inminente desalojo de las 78 familias que desde 2014 viven en el predio ocupado en la localidad a diez kilómetros al norte de Córdoba capital. La orden de la Cámara Criminal y Correccional de Sexta Nominación avalada luego por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) iba a ejecutarse el 23 de febrero.
Las familias afectadas se movilizaron el 19 a la Legislatura Provincial, pidiendo la suspensión del desalojo y la expropiación de los terrenos, para lo que solicitaron la urgente intervención de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia. Ante el reclamo, legisladorxs de distintos bloques, entre ellxs Martín Fresneda, Carmen Nebreda, Liliana Montero, Vilma Chiapello, Ilda Bustos y Ricardo Vissani, solicitaron al TSJ que permita reanudar la mesa de diálogo para encontrar una solución al conflicto habitacional de la comunidad.
Con el objetivo de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos en cuestión, a los fines de construir viviendas sociales, presentaron el proyecto 24.164 para su tratamiento sobre tablas. La iniciativa fue girada para su debate en comisión, mientras que el desalojo se postergó hasta el 16 de marzo, según informó el Secretario General del TSJ, Luis Sosa.
Contexto
Desde 2014, lxs vecinxs viven en el predio Parque Esperanza, ubicado entre los barrios Guiñazú y Ciudad de los Niños, entre la ruta 9 vieja y la variante Juárez Celman. Cuando el terreno fue ocupado, pertenecía a la empresa Urbanor S.A. Desde aquel momento las familias fueron construyendo sus viviendas, por lo que no solo reclaman la expropiación de la tierra, sino también los servicios básicos.
El TSJ ordenó en octubre del 2017 el desalojo, pero antes de concretarlo solicitó al Estado que se haga cargo de la cuestión habitacional, para lo que se habilitó una mesa de diálogo en la Secretaría de Hábitat de la Provincia. Entonces comenzó el relevamiento de la situación de los vecinos, hasta que el fiscal Julio Guerrero Marín decidió ejecutar la orden de desalojo durante febrero de 2018, desoyendo las negociaciones iniciadas con el Poder Ejecutivo.
Esta situación se repite en otras comunidades, como la de barrio Cooperativa Canal de las Cascadas, donde también hay un desalojo en suspenso. Según una encuesta de la consultora Delfos, en Córdoba hay un déficit de 156.000 viviendas para que todxs lxs vecinxs puedan acceder a ese derecho.
La tierra ha sido un elemento de disputa a lo largo de la historia. El conflicto va cambiando de forma, pero permanece la cuestión de fondo: la tierra como mercancía y no como derecho. Actualmente, los negocios de los llamados desarrollistas urbanos y la ausencia de políticas públicas habitacionales para los sectores populares, hacen que la ocupación sea una forma de acceder a un terreno y una vivienda. Por esto cada vez son más las familias que deciden ocupar tierras para garantizarse su derecho al hábitat.
Fuentes en red
https://ar.ivoox.com/es/entrevista-con-audios-mp3_rf_24072074_1.html
http://www.cba24n.com.ar/content/juarez-celman-vecinos-protestaron-ante-inminente-desalojo
http://www.hoydia.com.ar/cordoba/piden-dialogo-para-frenar-un-desalojo-en-juarez-celman
Actores y contactos
Dirección General de Hábitat Social de la Provincia de Córdoba, a cargo de Luis Gustavo Vélez, tel: 0351 4688515 / 17
Legislador Martín Fresneda, tel: 0351 516 5909
