Por primera vez en su historia, el Congreso debate la despenalización del aborto

En una instancia inédita en la historia legislativa del país, se debate en el Congreso nacional la posibilidad de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Desde hace un mes y hasta fines de mayo, en el plenario de comisiones de Legislación General, Familia, Legislación Penal y Salud de la Cámara de Diputados de la Nación 32 expositores vinculados al tema desde distintos ámbitos expondrán su opinión en torno a cuatro proyectos a favor y uno que rechaza la despenalización del aborto en la Argentina.

Los martes y jueves toman la palabra quienes abogan por un aborto legal, seguro y gratuito y quienes sostienen que debe defenderse la vida del embrión desde el momento de la gestación.

La iniciativa con mayor adhesión –71 diputadxs de distintos partidos– es la impulsada por la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, presentada el 6 de marzo por las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR), Mayra Mendoza (Frente para la Victoria) y Romina del Pla (Frente de Izquierda).

En sus puntos principales, el proyecto –presentado al Poder Legislativo en otras seis ocasiones sin que se lo tratara– establece que en el ejercicio de “su derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional” (artículo 1) y quien así lo decida podrá “acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud, en un plazo máximo de 5 (cinco) días” (artículo 2).

Al margen de lo señalado en el artículo 1, toda mujer tendrá el ya vigente derecho a interrumpir el embarazo si fuera producto de una violación, estuviera en riesgo su vida o salud física, psíquica o social, y si existieran malformaciones fetales graves.

De aprobarse en Diputados, el debate se trasladará a la Cámara de Senadores y se calcula que se extenderá hasta mediados de este año. A pesar de su posición contraria, el presidente Mauricio Macri anticipó que va a “respetar la decisión del Congreso” y no vetará una eventual ley que legalice el aborto.

CONTEXTO

Desde su sanción en 1888, el Código Penal (CP) argentino castiga la práctica del aborto con prisión de uno a cuatro años para el médico y para la mujer (y de tres a diez años si no fuera consentido por la mujer). Las excepciones (peligro de vida y salud de la mujer; embarazo producto de una violación) fueron introducidas en la segunda reforma del CP en 1921.

Suspendidas durante dictaduras y reconocidas en democracia, las excepciones debieron dirimirse en el ámbito judicial, hasta que en marzo de 2012 la Corte Suprema estableció que las mujeres víctimas de una violación tienen derecho a interrumpir el embarazo “sin autorización judicial previa”, con la sola presentación de una declaración jurada en el centro de salud que interviniera.

La Corte tuvo en cuenta que “el tiempo que implica el trámite judicial de cuestiones de esta naturaleza excede el que lleva su decurso natural”, que era necesario “un pronunciamiento que pudiera servir de guía para la solución de futuros casos análogos” y que “estaba comprometida la responsabilidad internacional del Estado Argentino” por el no cumplimiento de pactos de derechos humanos y normas de salud.

El fallo sentó un importante precedente para los proyectos de ley que hoy están en discusión y habilitó a que el Ministerio de Salud de la Nación publicara en 2015 el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, con el fin de garantizar y uniformizar la práctica en instituciones de salud públicas y privadas. En Córdoba, el protocolo no se aplica, a raíz de un amparo judicial presentado por la ONG Portal de Belén.

Mientras tanto, el crecimiento del movimiento de las mujeres en lucha por sus derechos fortaleció un debate que a casi 35 años de recuperada la democracia ingresa por primera vez al Poder Judicial argentino.