El 8 de marzo de 1908 asesinaron a 129 mujeres que luchaban por sus derechos laborales en Nueva York. Las trabajadoras de la fábrica Cotton habían tomado la empresa reclamando mejores condiciones. Desde entonces el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y desde hace 5 años los movimientos feministas llaman a parar con las tareas productivas y reproductivas durante este día: “si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. El movimiento de mujeres, lesbianas, trans, travestis, no binaries, intersex y bisex reclaman que el Estado y los gobiernos son los responsables de garantizar una vida libre de violencias.
Las marchas en Córdoba Capital fueron multitudinarias y se replicaron en numerosas ciudades de la provincia como Pilar, Oncativo, Oliva, Río IV, Carlos Paz, Punilla, San Francisco, Agua de Oro, Mina Clavero, Laguna Larga, Capilla del Monte, Mendiolaza, Unquillo, Saldán, Anisacate, San Marcos Sierras, Río Ceballos, Villa Dolores y Monte Cristo, entre otras.
Casi al año de iniciar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) por la pandemia del Coronavirus la cantidad de femicidios aumenta en la provincia y el país. En menos de tres meses la violencia machista se cobró al menos 9 vidas en Córdoba. Durante el 2020 se registraron 13 femicidios en total. Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven la cantidad de femicidios asciende a 55 en el país y entre el 1 de enero y el 7 de marzo hubo 39 intentos de femicidio y 3 transfemicidios.
A partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, se puede concluir que los agresores forman parte del círculo íntimo de las víctimas: el 71% de los femicidas son las parejas o ex parejas de las mujeres. El lugar de mayor exposición para las personas que viven situaciones de violencia son sus hogares: el 65,5% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la mujer. Por ello, la Asamblea Ni Una Menos reclama refugios en condiciones y acceso a la vivienda para que las mujeres puedan dejar de convivir con sus agresores; a la par de subsidios y trabajo digno que permitan independencia económica. Durante el 2020 se perdieron 300.000 puestos de trabajo registrado y el desempleo y la pobreza afectan mayormente a mujeres, niñes e identidades disidentes.
Ante el alarmante aumento de femicidios, el gobierno provincial anunció la asignación de 600 millones de pesos a programas de asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, pero la Asamblea Ni Una Menos sostiene que esta medida llega tarde y es insuficiente. Durante el 2020 las líneas telefónicas de atención recibieron un 39% más de llamadas que en años anteriores; las denuncias por violencia de género pasaron de 600 en el 2019 a 8.000 en el 2020 y el gobierno provincial no destinó más presupuesto durante ese periodo. A su vez, las trabajadoras del Polo Integral de la Mujer en situación de violencia denuncian que ante el aumento de la demanda la decisión de la institución ha sido derivar a las sobrevivientes a obras sociales, prepagas y dispensarios que no cuentan con equipos de trabajo especializados para la tarea.
En la lucha por mejores condiciones laborales, consiguieron la apertura de una mesa de trabajo donde se puedan repensar las prácticas. Aseguran que a ellas les duelen los femicidios y están cansadas “de no tener herramientas serias para poder acompañar a las mujeres”. “Nosotras somos quienes le ponemos el cuerpo a las violencias, el oído a los relatos más crueles que vomita todos los días el maldito patriarcado. Somos nosotras quienes vemos cómo las mujeres deambulan por las instituciones buscando soluciones, respuestas para poder defenderse a ellas y sus hijes” aseguran en su comunicado. Advierten que los botones antipánico no funcionan correctamente, el personal de policía llega con mucho retraso, las mujeres esperan hasta 16 horas para poder realizar una denuncia y muchas abandonan en el intento.
Mientras el aumento del presupuesto va a permitir doblar la cantidad de personas que puedan acceder a becas y subsidios, la cantidad de trabajadoras que puedan garantizar el acceso y la permanencia a estas políticas sigue siendo la misma; “trabajando en condiciones cada vez de mayor precariedad, atendiendo un caso tras el otro, con personal insuficiente, salarios de pobreza, sin acceder en muchos casos a derechos básicos como obra social y licencias”. Las trabajadoras aseguran que en condiciones precarias, agotadas y con temor no pueden garantizar los derechos de las mujeres y las medidas de protección dictadas por el sistema judicial son insuficientes en numerosas ocasiones: más de la mitad de las mujeres asesinadas este año había realizado denuncias previas. Por ello, desde la Asamblea Ni Una Menos piden la renuncia de la Ministra Claudia Martinez.
El botón antipánico que le dieron a Ivana Soledad Juarez no la pudo salvar: por su muerte está detenido Francisco José Tello. La orden de restricción dictada para Brando Ariel Larrubia no impidió que golpeara a su pareja Katherine Saavedra que días más tarde falleció en el Hospital Misericordia. Tampoco sirvieron las denuncias realizadas en el 2019 a Ignacio Emilio Aldeco por agresiones y amenazas; Liliana Beatriz Stefanatto perdió su vida en manos del denunciado.
Las hermanas y la madre de Emilse Gajes sostienen que la joven no se suicidó; se trató de un femicidio. Su familia señala como principal sospechoso a la pareja de Emilse y padre del hijo de un año de ambos, Fabricio Acuña, a quien había denunciado en dos oportunidades por violencia de género. A su versión se suman les vecines de la pareja que alertaron que un día antes del hallazgo del cuerpo sin vida de Emilse, habían presenciado un ataque violento de Acuña.
El 20% de los femicidas pertenecía a las fuerzas de seguridad del Estado en el 2020 y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) asegura que “no es problema privado de un policía, es un problema institucional, por lo tanto el Estado tiene responsabilidad”. La portación de armas no es sólo un elemento de fuerza física, también es simbólica: las armas se utilizan para ejercer hostigamiento y amenazas. En Córdoba, el femicida de Miriam Farias, Jorge Juárez, es policía federal y el de Ivana Módica, Javier Galván, piloto militar de la Fuerza Aérea.
Otro aspecto que cobra mayor atención en los últimos años es la cantidad de femicidas que se suicidan después de haber asesinado a la mujer. Tal es el caso de Luis Aguirre que fue encontrado ahorcado en la misma vivienda en la que mató a golpes a su pareja Nilda Peano en enero de este año.
La violencia no afecta sólo a las mujeres. Según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, al menos 47 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2021: Gabriela Lencina y Melisa Moyano, asesinadas por Cristian Sebastián Videla y Luís Perez respectivamente, perdieron la vida con sus hijes presentes.
- Imagen de portada extraída del sitio Ni Una Menos
