El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió con procuradores de siete provincias (Buenos Aires, La Pampa, Salta, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe y Santa Cruz) para impulsar la puesta en marcha del DNU 70/2017, que con el anunciado propósito de prevenir el delito busca endurecer las leyes migratorias. El decreto publicado en el Boletín Oficial el 30 de enero del 2017 modifica las Leyes de Migraciones 25.871 y de Nacionalidad y Ciudadanía 346. A partir del acuerdo, las provincias informarán a la Dirección Nacional de Migraciones sobre causas delictivas que involucren a migrantes, y podrán acceder a la base de datos de Migraciones para conocer las entradas y salidas de las personas al país. El decreto 70/2017 introduce impedimentos concretos para el ingreso y permanencia de migrantes y vulnera, según los actores sociales y académicos comprometidos con el tema, los principios de igualdad y universalidad que reconoce la Ley 25.871. Además, afecta el derecho esencial e inalienable de las personas a la migración.
Antecedentes
Después de haber sido debatida en el Congreso y con el aval de numerosxs académicxs, la Ley de Migraciones 25.871 fue sancionada en el 2003 y es considerada un paradigma de avances en materia de derechos humanos. Lxs expertxs e investigadorxs rechazan la existencia de una urgencia real en relación a la “criminalidad extranjera”. En los últimos 15 años no han variado los datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP): en el 2015 la cantidad de personas extranjeras presas por todo tipo de delitos representan el 0,2% de los inmigrantes y aproximadamente el 6% de la población encarcelada. Además de denunciar que la nueva normativa reduce las garantías procesales de las personas, vulnera el derecho de defensa y elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión, las organizaciones de derechos humanos presentaron una petición de amparo. El expediente llegó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal I y fue rechazado por el juez Ernesto Marinelli. La implementación del Decreto fue avalado en octubre por la Justicia y desde entonces son 65 las personas expulsadas por cuestiones ligadas a delitos, un 3.150% más que el año anterior según Infobae. La Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) advierte que a partir del cambio en la normativa una persona que está procesada sin condena por el Poder Judicial puede ser expulsada por decisión del Poder Ejecutivo, lo que interfiere con la independencia de los poderes.
Fuentes en red
https://www.laprimerapiedra.com.ar/2017/02/expulsion-decreto-los-cambios-la-ley-migraciones/
https://www.clarin.com/politica/cidh-dice-decreto-migratorio-macri-regresion_0_SJmwePeng.html
https://www.telesurtv.net/news/argentina-migrantes-decreto-macri-20180130-0050.html
https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2017/02/Migraciones-QyA-1.pdf
Actores y contactos
Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF): http://atom.ippdh.mercosur.int/index.php/caref
Dirección Nacional de Migraciones (Titular: Horacio García), Ministerio del Interior de la Nación (Rogelio Frigerio): Córdoba, Caseros 676, de lunes a viernes de 8 a 14hs 0351-4222740 / 4264206 / 423-6879 del.cordoba@migraciones.gov.ar http://www.migraciones.gov.ar
Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba (UCIC): https://inmigrantescba.wordpress.com/
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): https://www.cels.org.ar/web/
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): http://www.oas.org/es/cidh/
