El miércoles 9 se inició en los Tribunales federales el 12° juicio por crímenes de lesa humanidad en Córdoba, desde que luego de anuladas las leyes de impunidad comenzara en 2008 a juzgarse a los responsables del terrorismo de Estado. Un plan represivo que en la provincia se desplegó desde el golpe de Estado policial del “Navarrazo” en febrero de 1974 hasta el final de la dictadura cívico-militar, iniciada en marzo del 76 y finalizada en diciembre del 83.
En las causas “Diedrichs” y “Herrera”, 18 ex militares, personal civil del Ejército y policías provinciales están acusados de “privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado por placer o codicia”, delitos cometidos en el contexto de un plan sistemático de exterminio y persecución de opositores políticos, y por lo tanto imprescriptibles.
El Tribunal Oral Federal N° 1 (TOF N° 1) está presidido por la jueza Carolina Prado, acompañada por Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, y Maximiliano Hairabedián estará a cargo de la fiscalía, y los abogados Claudio Orosz, Lyllan Luque y Adriana Gentile representan a las víctimas y familiares. Prado es la segunda mujer en conducir un juicio de lesa humanidad en la Argentina. La primera fue Mirta Gladis Yunes, al frente del Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia cuando en 2010 se juzgó la causa por la masacre de Margarita Belén, perpetrada el 13 de diciembre de 1976.
Audiencia virtualizada
A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia, en la sala del edificio de Concepción Arenal 690 sólo están presentes el tribunal y las partes. Tanto los imputados como los testigos que pertenezcan a grupos de riesgo o no vivan en la ciudad de Córdoba seguirán el debate a través de video conferencia. Las jornadas de audiencias se desarrollarán los miércoles desde las 10 horas y se transmitirán por el canal de YouTube del TOF N° 1 de Córdoba.
Igual que la mayoría de los 30 mil desaparecidos, las 43 víctimas de este juicio eran militantes revolucionarios y populares, activistas sociales y sindicales, estudiantes y trabajadores, perseguidos por la dictadura por sus ideas políticas y su compromiso con la transformación y la equidad social. Sólo 9 sobrevivieron y estarán entre los testigos. La mayoría están desaparecidos y ningún represor señaló todavía dónde están sus restos.
En la primera jornada de audiencia se leyó el texto de la acusación, que incluye la “base fáctica” de los 3 hechos de la causa Diedrichs y los 26 de la causa Herrera, con sus responsables e imputaciones. Al abrir el debate, la jueza Prado informó que “hubo inconvenientes de conexión por parte de los imputados”, que demoraron el inicio, y les advirtió que “en lo sucesivo cumplan con su obligación procesal de conectarse en tiempo y forma. De lo contrario, el Tribunal se verá obligado a tomar una disposición, que probablemente sea el traslado a un establecimiento carcelario para asegurar la conexión remota con cada uno de ustedes”.
Contra la impunidad biológica
Varios de los querellantes (las víctimas y sus familiares) estarán patrocinados por el abogado Orosz, quien intervino en la mayoría de los 11 juicios de lesa humanidad celebrados en Córdoba y representa también a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Orosz explicó a Desafíos Urbanos que la mayoría de los casos comprendidos en estas causas “ocurrieron en la primera época de La Perla”, inaugurada como campo de concentración y exterminio luego del golpe del 24 de marzo de 1976, cuando “los prisioneros duraban poco, porque el campo era una máquina de matar, donde se aplicaba una tortura sistemática para provocar lo que los represores llamaban ‘caídas en cadena’”. “Sin embargo, varios sobrevivientes vieron a las víctimas en el campo. Entre ellos, Ana Iliovich, quien registró los nombres en un cuaderno que pudo sacar del campo y es una prueba fundamental”, señaló el letrado.
Por otra parte, Orosz lamentó que “al iniciar esta causa teníamos muchos más imputados, pero se han ido muriendo o han sido separados del juicio por graves enfermedades y ahí rigió la impunidad biológica. Además, este juicio es una muestra de que por ahí en el Poder Judicial las cosas no se hacen del todo bien, porque la causa fue elevada a juicio cuando todavía estábamos en la Megacausa La Perla, pero luego fue declarada nula, se elevó a Casación y allí se confirmó la nulidad. Por lo tanto, hubo que volver a instruirla con otro juez y ahí se perdió un tiempo importante que les sirvió a algunos para irse a la tumba sin condena. Al principio teníamos 33 imputados y hoy quedan 18”.
-En casi todos los juicios anteriores se revelaron complicidades de instituciones y poderes de la sociedad civil con la represión dictatorial. ¿Qué puede aparecer en este juicio?
-Me parece que el listado de personas expulsadas de la Escuela de Ciencias de la Información por la intervención militar no va a ser un tema menor, porque hay varios de sus estudiantes entre los casos de la causa Herrera, como también estudiantes de lo que era Trabajo Social. Ahí puede haber responsabilidad de interventores militares o decanos y rectores civiles, que hayan pasado nombres para los listados que los servicios de inteligencia fueron haciendo en relación al activismo.
Contexto: 12 años, 12 juicios
Entre 2003 y 2007 fueron anuladas las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos que beneficiaban a los represores de la última dictadura, lo que permitió reanudar los juicios al terrorismo de Estado, que se habían interrumpido en 1988. Desde que en 2008 el ex general Luciano Benjamín Menéndez –comandante del Tercer Cuerpo de Ejército entre 1975 y 1979– recibiera junto a otros siete represores en la causa Brandalisis la primera de las que luego serían trece condena a prisión perpetua, se han realizado once juicios de lesa humanidad en Córdoba.
Entre ellos, la causa por los fusilamientos de 29 presxs políticxs de la cárcel de barrio San Martín, en la que en diciembre de 2010 fueron condenados el ex dictador Jorge Rafael Videla, Menéndez y otrxs 21 represorxs, y otros 7 resultaron absueltos. En un proceso que se extendió entre diciembre de 2012 y agosto de 2016, la Megacausa La Perla – La Ribera – D2 abarcó la mayor parte del plan sistemático de exterminio de opositores políticos en la provincia, con 706 víctimas y 58 acusados, de los que 15 fallecieron o fueron apartados durante el juicio y 28 fueron sentenciados a prisión perpetua, otros 10 a penas menores y 5 absueltos.
Luego de la Megacausa, el juicio “Pino Cano” terminó en abril de 2017 con 3 absoluciones y la “causa de los magistrados”, paradigma de la complicidad civil en Córdoba, finalizó en noviembre de ese año con 2 condenas leves y 2 absoluciones. En abril de 2018, el juicio “González Navarro – Vergez” dejó 13 condenas –sólo una a prisión perpetua– y 6 absoluciones. En el último juicio de lesa humanidad celebrado en Córdoba –por la causa “Montiveros”– el TOF Nº 1 impuso el 12 de marzo de 2019 penas de prisión perpetua a 5 acusados y de 2 a 9 años a otros 4, mientras que otros 8 fueron absueltos.
Foto principal: José Ferrer / Prensa del TOF N° 1
