El pasado lunes 23 de julio, lxs trabajadorxs precarizadxs de Córdoba, nucleados en diversos movimientos sociales, se reunieron en la sede de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) para celebrar la primera Asamblea de Trabajadorxs de la Economía Popular, con el objetivo de analizar la situación general del país y de Córdoba, y para debatir los puntos fundamentales de una Ley Provincial de Economía Popular.
La asamblea, convocada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie (BdP), la Federación de Organizaciones de Base (FOB) y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), contó con la participación de más de 500 trabajadorxs que, a través de sus delegadxs, definieron un plan de lucha para los próximos meses. “En este contexto tenemos claro que el Salario Social Complementario es un paliativo que apenas nos permite sostener niveles de subsistencia. Se trata de la conquista de un derecho fundamental que, sin embargo, no alcanza. Por eso, es que vamos a exigir la ejecución de una ley”, aseguró la asamblea en un comunicado.
Para lxs trabajadorxs, la ley debería contemplar la creación de un Registro Provincial de la Economía Popular, fundamental para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar; un Consejo Provincial de la Economía Popular, con la participación de representantes de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y delegadxs del sindicato de lxs trabajadorxs de la Economía Popular; y un Fondo de promoción de la Economía Popular, que garantice los derechos sociales y laborales de lxs trabajadorxs, y que financie las políticas de promoción que involucren al sector.
La asamblea también rechazó el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y exigió el tratamiento urgente de cinco leyes nacionales fundamentales para los sectores más empobrecidos: Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones. Estas exigencias ya habían tenido su irrupción durante la multitudinaria marcha federal “Tierra, Techo y Trabajo”, que recorrió diversos puntos del país en el mes de mayo, interpelando a las autoridades y a lxs trabajadorxs precarizadxs de la Argentina.
En el marco de las actividades del plan de lucha, se llevaron a cabo dos Feriazos: el jueves 26 de julio, lxs trabajadorxs de la rama rural de la Economía Popular compartieron sus productos de la agricultura familiar y campesina en la Plaza San Martín. El Feriazo Campesino, que tenía como eje reclamar contra de la eliminación del Monotributo Social Agropecuario, fue interrumpido por la Municipalidad de Córdoba y la Policía de la Provincia, quienes prohibieron la continuidad de la actividad, lo que obligó a lxs trabajadorxs a regalar sus productos. El lunes 30, fue el turno de las cooperativas, comedores y espacios culturales, que realizaron una feria en el mismo lugar para visibilizar sus trabajos y comerciar sus productos, esta vez, sin la persecución de las autoridades municipales y provinciales.
Las organizaciones convocan para el próximo martes 7 de agosto, día de San Cayetano, a una gran movilización por el centro de la ciudad de Córdoba, en el marco de la jornada nacional de lucha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.
Comunicado de la Asamblea de Trabajadorxs de la Economía Popular
23 de julio de 2018
Después de años de muchísima organización, unidad y lucha, los movimientos populares y todas las organizaciones sociales que nuclean a las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular conquistamos la aprobación de la Ley de emergencia social en diciembre de 2016 y su reglamentación en marzo de 2017. Gracias a esa conquista alrededor de cuatrocientos mil compañeras y compañeros en todo el país cobran hoy el Salario Social Complementario equivalente a la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil.
Por aquellos días decíamos que el país y nuestros barrios estaban mal. Hoy tenemos que decir que están peor. El aumento de la pobreza y la indigencia, del hambre y la desigualdad, del desempleo y la precarización laboral, de la represión y la discriminación, del saqueo y la destrucción del ambiente, del dolor y el sufrimiento social, ha profundizado el estado de emergencia social del país.
Esta situación catastrófica es consecuencia de estructuras socioeconómicas que ponen al dinero y la ganancia empresaria por encima de las personas y la naturaleza, sistema que se ha hecho global, pero que en Argentina se ha profundizado en sus efectos a partir de la aplicación de políticas de ajuste por parte del actual gobierno nacional que han resultado en una fuerte recesión de la actividad económica, un aumento sideral de la deuda externa y la concentración de la riqueza social, una fuerte transferencia de ingresos desde el pueblo laburante hacia los ricos y una creciente permisividad del Estado frente a la acción desbastadora de los proyectos extractivos sobre la Madre Tierra.
Para colmo de males, el gobierno de Mauricio Macri trata de apagar este incendio con nafta firmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Estamos convencidas y convencidos de que esta vuelta al FMI es una señal clara del riesgo que corre el futuro de la Argentina: nos empujan a una crisis social peor que la del año 2001 y vamos camino a un “genocidio social”. Por eso mismo rechazamos el acuerdo con el FMI y exigimos el tratamiento urgente de cinco leyes nacionales fundamentales para los sectores más empobrecidos: Emergencia Alimentaria, Urbanización de Barrios Populares, Infraestructura Social, Agricultura Familiar y Ley de Adicciones.
Mientras tanto, en nuestra Córdoba, que es una de las provincias más ricas de la Argentina, uno o una de cada tres cordobesas es pobre o indigente. En nuestra Córdoba, que es una de las provincias con mayor desarrollo económico, la tasa de desocupación trepa a más del 10% y uno o una de cada cinco cordobesas ocupadas busca también otro empleo. Lamentablemente, la situación es mucho más grave para las y los jóvenes, las mujeres y personas trans.
En este contexto tenemos claro que el Salario Social Complementario es un paliativo que apenas nos permite sostener niveles de subsistencia. Se trata de la conquista de un derecho fundamental que, sin embargo, no alcanza. Basta con prestar atención a la apertura de nuevos comedores y copas de leche en cada uno de nuestros barrios. Al mismo tiempo, no hemos avanzado en la dignificación de la Economía Popular a través del fortalecimiento de nuestras unidades productivas.
Nuestras organizaciones sociales, creadas para la transformación social y el servicio a la comunidad, hoy apenas logran una contención que lejos de alegrarnos nos llena de bronca. Sin embargo, sabemos que, si nos faltara la lucha de las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular organizados gremialmente, la situación de las y los más humildes sería infinitamente peor. Pero eso no alcanza.
Y porque eso no alcanza, es que vamos a exigir lo que nos falta: una Ley provincial de Economía Popular. Y porque nos falta es que vamos a pelear por lo que exigimos con un plan de lucha a lo largo de los meses que siguen. La Ley provincial de Economía Popular que exigimos incluye la creación de un Registro provincial de la Economía Popular (fundamental para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar), un Consejo Provincial de la Economía Popular (con la participación de representantes de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba y delegadas o delegados del sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular) y un Fondo de promoción de la Economía Popular (que garantice los derechos sociales y laborales de las trabajadoras y trabajadores de la Economía Popular y que financie las políticas de promoción del sector).
Estamos convencidas de que el conjunto de la sociedad civil cordobesa comprende la importancia estratégica de esta ley para combatir el empobrecimiento de tantas compañeras y compañeros. Y nuestras convicciones se agrandan cada vez que recibimos los apoyos de las centrales obreras, sindicatos, universidades y sectores de la Iglesia con los pies en el barro. De la misma forma, esperamos que las legisladoras y los legisladores de todas las fuerzas políticas de la provincia de Córdoba apoyen este proyecto y lo acompañen con su voto.
Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (CTEP), Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie, Federación de Organizaciones de Base (FOB), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), La Poderosa, Movimiento Evita, Encuentro de Organizaciones (EO), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Movimiento Popular La Dignidad, Movimiento Carlos Múgica, Movimiento Marta Juárez, Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) y Cooperativa de carreros y recicladores La Esperanza.
Fuentes en red
http://www.cba24n.com.ar/content/se-realizo-la-1%C2%AA-asamblea-de-la-economia-popular
https://latinta.com.ar/2018/07/unidad-obrera-movimientos-populares-cordoba/
https://www.facebook.com/ctepcordoba/
https://www.facebook.com/ctepcordoba/posts/698164997197825
https://www.desafiosurbanos.org/multitudinaria-marcha-federal-la-economia-popular/
Actores y contactos
CTEP: https://www.facebook.com/ctepcordoba/ , m.me/ctepcordoba .
Legislatura de la Provincia de Córdoba: (0351) 4203400, (0315) 4203537, (0351) 4203588.
