Los 53 policías acusados por el acuartelamiento policial del 3 y 4 de diciembre de 2013 recibieron condenas leves que no contemplan la pena de prisión efectiva. Aquella protesta, en la que participaron unos cinco mil efectivos, derivó en los saqueos que causaron dos muertes en Córdoba y se extendieron a otras provincias con un saldo de 18 víctimas fatales, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales.
Luego de dos meses de juicio y por decisión de jurados populares, la Cámara 12 del Crimen sentenció el viernes al ex comisario Lucas César Rodríguez por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia a la autoridad a un año de prisión condicional, un año de inhabilitación especial y 12.500 pesos de multa.
Por los mismos delitos, ocho policías de menor rango fueron condenados a ocho meses de prisión condicional, igual tiempo de inhabilitación y multa por 2.500 pesos, y otros seis deberán cumplir seis meses de prisión condicional, el mismo tiempo de inhabilitación y pagar 2.500 pesos de multa. Además, 37 policías recibieron la condena a seis meses de inhabilitación y multa por 2.000 pesos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Todos los acusados fueron absueltos de la acusación de “aplicación indebida de caudales públicos”.
En general, las condenas coincidieron con lo que solicitaron en su alegato los fiscales Mariano Antuña y Raúl Garzón, quienes sólo pidieron tres años de prisión efectiva para Rodríguez, ya que por tratarse de un “oficial en jefe” debía “reencausar a sus subordinados y lejos de ello se sumó a la protesta”. Durante el juicio, fueron mencionados otros efectivos de distinta jerarquía que participaron en la protesta y la responsabilidad de autoridades políticas de Córdoba y la Nación, por lo que los fiscales solicitaron que se profundice la investigación en la Justicia provincial y federal.
Contexto
El conflicto policial de diciembre de 2013 tuvo como motivación visible el reclamo laboral por mejoras salariales y condiciones de trabajo, aunque también –y quizás sobre todo– se generó por el “descontento” frente a las investigaciones judiciales y periodísticas de los vínculos de la policía con el narcotráfico. Aquel “Narco-escándalo” derivó en los presuntos suicidios de los policías Juan Alós y Dámaris Roldán y las renuncias del ministro de Seguridad Alejo Paredes y el jefe de policía Ramón Frías. (Ver Una policía de ocupación, Desafíos Urbanos, 11 de diciembre de 2017)
Con ese caldo de cultivo, el “efecto Córdoba” contagió a otras provincias los acuartelamientos y los saqueos derivados del retiro de la policía de las calles, con el saldo de 18 muertos: ocho en Tucumán, cuatro en Chaco, tres en Entre Ríos, dos en Córdoba y uno en Jujuy. Las pérdidas económicas afectaron a 1.888 comercios por un total de 568.450 pesos, según relevamientos de la Confederación Argentina de la Empresa (CAME) y las cámaras de comercio regionales.
Sobre lo ocurrido en esos días, un informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba señalaba: “La policía se ha constituido en la única presencia del Estado que media en todos los niveles de conflicto. Al sacar esa especie de malla de contención constituida por la presencia territorial de la fuerza, los conflictos afloraron sin posibilidad de articular mediación alguna por fuera de su lógica de intervención violenta” (Mirar tras los muros, capítulo: Políticas de Seguridad y Fuerza Policial, Magdalena Brocca, Valeria Plaza y Susana Morales, UNC, 2015).
Al momento de la revuelta policial, el entonces gobernador José Manuel de la Sota se encontraba en Panamá, en viaje a un encuentro de gobernadores en Colombia. Durante el juicio, el abogado defensor Miguel Ortiz Pellegrini pidió que se convoque como testigo a De la Sota, pero fue eximido por un tratamiento médico del oído “que se está realizando en el exterior”. Su ex jefe de Gabinete, Oscar González, testificó y culpó al Gobierno nacional, presidido entonces por Cristina Fernández de Kirchner, por no haber enviado a Córdoba fuerzas de Gendarmería Nacional: “Creo que había una decisión de que pasaran cosas graves en Córdoba. Pienso que hubo un muerto, si hubiera habido más, el paso siguiente hubiera sido la intervención de la Provincia”.
El conflicto terminó con el acuerdo firmado por el gobernador De la Sota con las esposas de los policías, por el cual se incrementaba un 30 por ciento el salario policial. Ningún acuartelado recibió sanciones.
Fuentes en red
http://lmdiario.com.ar/noticia/67221/acuartelamiento-policial-ninguno-de-los-acusados-ira-preso
http://www.cba24n.com.ar/content/acuartelamiento-policial-penas-condicionales-uniformados
http://www.lavoz.com.ar/politica/ningun-policia-ira-preso-por-el-acuartelamiento-de-2013
https://lmdiario.com.ar/noticia/61686/por-sufrir-zumbidos-en-los-oidos-de-la-sota-no-declarara
https://lmdiario.com.ar/noticia/61715/oscar-gonzalez-pense-que-iban-a-intervenir-la-provincia
http://www.cba24n.com.ar/content/acuartelamiento-piden-una-sola-pena-de-cumplimiento-efectivo
https://issuu.com/unc.ar/docs/unc_editorial_gaceta_deodoro_48_b
Actores y contactos
Cámara en lo Criminal y Correccional de 12ª Nominación, Tribunales II, Fructuoso Rivera 720, tel: 0351 4266800
Fiscales Raúl Garzón y Mariano Antuña
http://www.mpfcordoba.gob.ar/fiscalias-camara-capital/
Defensor: abogado Miguel Ortiz Pellegrini
0351 4234773
