A 50 años del Cordobazo: los hitos de una herencia rebelde

El legado del Cordobazo puede rastrearse en una serie de conflictos marcados por la rebeldía, la organización y el rechazo al autoritarismo. Como contrapartida, los factores de poder actualizaron sus estrategias sin dejar de apelar al recurso represivo. Una breve reseña de las luchas populares de Córdoba de 1969 a la fecha.

Por Alexis Oliva

La revuelta obrero-estudiantil del 29 de mayo de 1969 tuvo consecuencias políticas visibles, como la caída de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, y otras menos notorias pero determinantes en los movimientos políticos, sociales y culturales de aquellos años.

El Cordobazo fue un antecedente y un alimento de la militancia revolucionaria que de múltiples maneras se puso en acto en el primer lustro de los años 70: desde la clandestinidad o con la disputa electoral; mediante la lucha armada o con la construcción política; vanguardista o basista; en avance o en resistencia.

Con el correr de los años, de una manera más indirecta o por lo menos simbólica, la memoria del Cordobazo ha aflorado en experiencias organizativas, conflictos y manifestaciones populares que existieron incluso durante la última dictadura, se expresaron con mayor fuerza tras la vuelta a la democracia y subsisten hasta nuestros días.

El ADN del 69

La herencia del Cordobazo puede rastrearse en una secuela de acontecimientos políticos y sociales protagonizados por el pueblo de Córdoba hasta el presente, sucesos que son emergentes de procesos históricos más profundos y complejos que lo que esta enumeración –seguramente incompleta– podría sugerir:

-El 1º de julio de 1970, la organización peronista revolucionaria Montoneros –que había irrumpido en la escena política con el secuestro del ex dictador Pedro Eugenio Aramburu el 29 de mayo de ese año y su ejecución el 1º de junio– protagonizó la toma de la localidad cordobesa de La Calera. Coparon la comisaría, la municipalidad y la central telefónica, asaltaron la sucursal del banco de Córdoba y dejaron en una esquina una caja con un grabador que emitía la marcha peronista. En la retirada, hubo un tiroteo en el que tres militantes resultaron heridos, entre ellos Emilio Mazza, fallecido días después. Otros fueron detenidos.

-El 1º marzo de 1971, la dictadura designó interventor a Camilo Uriburu y la CGT local encabezada por Atilio López declaró huelga activa. Uriburu dijo: “Confundida entre la múltiple masa de valores morales que es Córdoba por definición, se anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo”. La CGT convocó a un nuevo paro general para el 12 de marzo. Los trabajadores de Fiat, Grandes Motores Diesel, Perkins y Thompson Ramco hicieron un acto en Ferreyra. La Policía reprimió y los obreros resistieron en lo que se llamó el “Ferreyrazo”. Adolfo Cepeda, un vecino de 18 años que se sumó a la protesta, fue asesinado por un agente que le disparó a quemarropa en la cara. La indignación popular alimentó otra insurrección el 15 de marzo, con epicentro en el barrio del Hospital Clínicas. Hubo marchas, barricadas, fogatas, incendios, saqueos y enfrentamientos entre trabajadores y estudiantes con las policías Provincial y Federal, que fueron totalmente desbordadas. Uriburu felicitó a la policía por “desalojar a la víbora del barrio Clínicas”, pero al día siguiente debió renunciar. Ese día pasó a la historia como el “Viborazo”.

-En los años posteriores al Cordobazo, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y su Ejército Revolucionario del Pueblo incorporaron fuertemente a sus filas a obreros industriales, muchos de ellos delegados de comisiones internas de fábricas de Córdoba, lo que supuso también un desplazamiento geográfico de Tucumán, donde la guerrilla rural era la base, a Córdoba, que en ese tiempo se convirtió en una suerte de capital del PRT-ERP. A su vez, la organización guerrillera Fuerzas Armadas Revolucionarias, de inspiración marxista y guevarista pero afín al peronismo, había participado con una columna en la revuelta popular del 29 de mayo del 69.

-El 11 de marzo de 1973, triunfó en las elecciones nacionales la fórmula Héctor Cámpora – Vicente Solano Lima del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), que en Córdoba llevó a la gobernación a Ricardo Obregón Cano e Hipólito Atilio López. En la mayoría de las provincias donde la “tendencia revolucionaria” se quedó con la gobernación –Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Cruz– el ala derecha del partido impuso al vicegobernador para “contrapesar” la fórmula de candidatos. Menos en Córdoba, donde la figura de Atilio López estaba tanto o más identificada con el peronismo combativo como la de Obregón Cano y además había sido un protagonista del Cordobazo.

-Desde el final de este gobierno, el 28 de febrero de 1974, con el golpe de estado policial conocido como Navarrazo, la intervención federal, las bandas paraestatales de derecha, el Comando Libertadores de América y la dictadura de 1976-1983 se produce un corte en esta serie de hitos. Durante ese lapso –plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante– se gesta la base de lo que podríamos llamar el contracordobazo, y para los militantes populares de cualquier signo ideológico la lucha fue por sobrevivir.

-Tras el retorno democrático y al fragor de la incorporación a la política de una nueva generación de estudiantes, el Frente Santiago Pampillón accedió entre 1986 y 1988 a la conducción de la Federación Universitaria Córdoba, desplazó a la radical Franja Morada de la presidencia, y revitalizó la política estudiantil universitaria.

-En abril de 1987, una masiva marcha en defensa de la democracia respondió en Córdoba al levantamiento de los militares carapintadas contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín. La sedición se había iniciado justamente en Córdoba como reacción al procesamiento de militares por crímenes de lesa humanidad, hasta que el mayor Ernesto Barreiro se declaró en rebeldía, y desencadenó la reacción corporativa de sus pares en el III Cuerpo de Ejército y en Campo de Mayo.

-El 23 de junio de 1995, el conflicto generado por el ajuste provincial, alimentado también por la política económica de Menem-Cavallo, la mala relación Nación–Provincia y el efecto “tequila”, derivó en una masiva movilización encabezada por trabajadores estatales y la quema de la Casa Radical, lo que precipitó el final de la gestión del gobernador Eduardo César Angeloz.

-El 23 de agosto de 1996, durante la gobernación de Ramón Mestre, una manifestación de 50 mil estudiantes, docentes y padres de escuelas públicas y privadas en Córdoba capital frenó la aplicación de la ley nacional de educación superior y el recorte a la educación pública provincial.

-El 17 de septiembre de 1996, los obreros de la Fiat en Ferreyra tomaron la planta en rechazo a un convenio flexibilizador firmado entre la empresa y el SMATA. Tras varios días de ocupación, la Secretaría de Trabajo de la Provincia dictó la conciliación obligatoria lo que implicó la nulidad del convenio. El conflicto recrudeció en enero del 97 y una nueva toma derivó en el despido de 42 trabajadores nucleados en el nuevo gremio Sitrampf, que debió disolverse.

-Entre el 27 y el 31 de mayo de 1997, los desocupados del noroeste cordobés mantuvieron cortada la ruta nacional 38 y otras convergían en la ciudad de Cruz del Eje, en reclamo por trabajo y ayuda social. El conflicto recrudeció en el año 2000 y la represión policial del 8 de junio derivó al día siguiente en una “pueblada”, en la que cuatro mil manifestantes coparon la ruta 38 y exigieron la liberación de sus compañeros detenidos y la apertura de una mesa de concertación.

-El 23 de marzo de 2000, el Senado de Córdoba aprobó –con el sospechoso voto de un legislador de la oposición– la Ley de “Nuevo Estado”, impulsada por el gobierno de José Manuel de la Sota, que habilitaba las privatizaciones de la Empresa de Energía de Córdoba (Epec) el Banco de Córdoba y la Lotería. Encabezada por el sindicato de Luz y Fuerza, la resistencia organizada de los trabajadores y la ciudadanía duró varios meses y logró frenar el intento privatizador, que sólo se pudo consumar en la Lotería.  

-El 19 y 20 de diciembre de 2001, Córdoba formó parte de la revuelta nacional contra el gobierno de Fernando de la Rúa. Saqueos a supermercados en los barrios, protestas de ahorristas frente a los bancos y marcha hasta la Legislaatura para desafiar el estado de sitio. David Moreno, de 13 años, fue la más joven de las 38 víctimas de la represión en todo el país. Sergio Pedernera, de 16, también baleado por la policía, quedó parapléjico y falleció un año después.

-En agosto de 2008 –primer gobierno de Juan Schiaretti– y agosto de 2012 –tercero de José Manuel de la Sota–se registraron dos conflictos casi clonados: los trabajadores del Estado protestaron contra los recortes a la Caja de Jubilaciones, la Legislatura fue vallada y la policía reprimió la manifestación, con decenas de heridos y detenidos.

-La Marcha de la Gorra, que desde el 20 de noviembre de 2007, ya lleva 12 ediciones, suma actores sociales e irradia a decenas de provincias y ciudades la denuncia del gatillo fácil y la resistencia al Código de Faltas, luego al de Convivencia, a los “operativos saturación”, las detenciones por “portación de cara” y la “tolerancia cero”, entre otros abusos policiales y violencias institucionales.

-El 10 de mayo de 2017, la protesta contra el beneficio del 2×1 en el cómputo de penas a los condenados por causas de lesa humanidad congregó en Córdoba a más de 40 mil personas, más de las que habían marchado el año antes para conmemorar el 40 aniversario del golpe de Estado. Desde entonces y en un contexto de retorno oficial de la “teoría de los dos demonios”, el 24 de marzo convoca cada vez más gente. Este año, rondaron las 50 mil. En el masivo compromiso ciudadano por memoria, verdad y justicia gravitó el proceso institucional de justicia impulsado por años de lucha de los organismos de derechos humanos, que en Córdoba ya lleva once juicios de lesa humanidad desarrollados en los últimos once años.

-Entre el 5 y el 12 de junio de 2017, los y las choferes del transporte urbano de Córdoba mantuvieron un paro en rechazo al acuerdo paritario firmado por conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y contra la intervención de la sede Córdoba. En acuerdo con la Municipalidad, las empresas contrataron remplazantes de los trabajadores en conflicto. Hubo 158 despedidos por no acatar la conciliación obligatoria, de los que cerca de medio centenar fueron luego reincorporados. Algunos de aquellos despedidos, junto a otros de los 200 que desde entonces y sin pausa han sido cesanteados o retirados de forma no tan voluntaria, hoyestán ocupando pacíficamente la sede de UTA.

-El creciente movimiento de mujeres, con picos organizativos en torno al debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo –que vuelve a ganar las calles por estos días–, asume en Córdoba el desafío extra de resistir la influencia institucional de la derecha católica, que a través de sus operadores ha logrado bloquear el protocolo para los casos de aborto no punible y arremete en las escuelas –privadas y públicas- contra la Educación Sexual Integral (ESI).  

Algunos de estos hitos tienen el rasgo insurreccional, otros meramente reivindicativo, otros de construcción política; en unos prima lo económico sobre lo político, en otros al revés; pero en todos los casos subyace como común denominador la conciencia de que los derechos humanos, laborales y sociales se defienden con militancia, colectivamente y por lo general en la calle.

La reacción y sus mutaciones

Como contracara, desde 1969 hasta la fecha, la reacción contra todo lo que significó el Cordobazo y cuanto de él pueda persistir se ha manifestado en el país y particularmente en Córdoba, como uno de los epicentros de una coalición de poderes que logró ponerse a salvo de embates revolucionarios y hasta de reformismos, por lo general con el consenso y cuando hizo falta con represión.

Sobre todo, durante la última dictadura, donde Córdoba fue una suerte de capital de lo que hoy conocemos como dictadura cívico-militar, por más que ese arquetipo de represor castrense despiadado que fue Luciano Benjamín Menéndez haya ocultado la trama empresaria, clerical, política y judicial detrás del terrorismo de Estado.

Contra el Cordobazo y su simiente, Córdoba tuvo a Menéndez, pero también al Raúl Primatesta arzobispo cordobés y al mismo tiempo máxima autoridad del episcopado argentino durante casi toda la dictadura; a uno de los poderes judiciales más funcionales a la represión en el país, con ese otro arquetipo del juez cómplice que fue Adolfo Zamboni Ledesma y algunos de sus adláteres a la larga impunes; la Fundación Mediterránea y su aporte de ideas y cuadros a la imposición de modelos de liquidación del aparato productivo y del trabajo.

Algunos personajes pero sobre todo las instituciones de este poder antipopular continuaron mucho después de recuperada la democracia y hasta nuestros días, incluso garantes políticos de la impunidad represora, como los radicales Eduardo Angeloz, Ramón Mestre y Oscar Aguad. O como los peronistas José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, garantes del neoliberalismo versión menemista o versión macrista, que no es otra cosa que el retorno de “la miseria planificada del pueblo argentino”. Rivales en las urnas, frente a los conflictos sociales y las transformaciones políticas han actuado como un único y conservador “partido cordobés”.

Por supuesto que amalgamando y legitimando todo esto estuvo y está el poder mediático, que en Córdoba tiene un nivel de concentración único. Por ejemplo, respecto al Cordobazo, en su tiempo lo demonizó y cuando empezó a escribirse con mayúsculas en los libros de historia y en la memoria popular, lo idealizó, lo romantizó y lo estetizó, presentando un Cordobazo espontáneo, desclasado, desperonizado, afrancesado (como si hubiese sido una mera franquicia del Mayo del 68), y en última instancia despolitizado. Esa corporación mediática integra hoy la coalición que impone un modelo de hambre y represión.  

Cuando la entente hegemónica percibió amenazados sus privilegios, también salió a disputar la calle, como sucedió entre marzo y julio de 2008 con los piquetes de las patronales agropecuarias contra las retenciones a la soja; como en el acuartelamiento policial de diciembre de 2013, que generó los saqueos y se extendió desde Córdoba a varias otras provincias, con el saldo de 18 muertos; como las marchas contra el matrimonio igualitario y la costosa campaña “con mis hijos no te metas” para atacar la ESI.

Esos poderes subsisten y la resistencia heredera del Cordobazo también, en Córdoba y el país. Esas corrientes son la verdadera brecha: en contra o a favor de los derechos del pueblo.

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