Repudios y protestas por el despido de más de cien trabajadores municipales

El Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional el 31 de marzo pasado, estableció la prohibición de despedir o suspender trabajadores. En su artículo 2, indica expresamente: “Prohíbense los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor” y lo mismo dice el artículo 3 respecto a las suspensiones. La medida se ampara en la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que el 21 de diciembre de 2019 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

Y se justificaba en que “la crisis económica en que se encontraba el país se vio agravada por el brote del nuevo Coronavirus, que diera lugar a la declaración de pandemia por COVID -19, por parte de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS)”. La prohibición de despedir trabajadores regía primero por 60 días y luego fue prorrogada hasta el 31 de julio mediante el decreto 487/2020.

Hasta este lunes 6 de julio y transcurridos más de 100 días de aislamiento obligatorio, en la Argentina se registran 77.815 positivos de Covid-19, 1507 muertes y 24.186 personas que recibieron el alta. A la fecha la ciudad de Córdoba sigue en la fase de transmisión comunitaria del virus.

En este contexto y a pesar de la vigencia de esta medida presidencial, el intendente de Córdoba Martín Llaryora dejó cesantes a 117 empleados municipales cuyos contratos vencieron el martes 30 de junio. Desde la Municipalidad, aseguran que se trata de personal que fue contratado durante los últimos meses de la gestión del intendente Ramón Javier Mestre. Sin embargo, algunos de los despedidos tienen más de 10 años de antigüedad en su cargo.

En un mensaje publicado en redes sociales, el intendente Llaryora justificó su decisión: “Desde que iniciamos el desafío de gobernar esta ciudad con un municipio quebrado, sin fondos, e inviable, hemos tomado medidas que generan reacciones en determinados sectores, ya que ciertos privilegios se han terminado”.

En protesta contra los despidos y recortes, los empleados municipales nucleados en el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem) marcharon el martes pasado en Córdoba capital desde la sede de los Tribunales de Faltas, en calle Avellaneda al 439. “El intendente Martín Llaryora es el único jefe de un gobierno local que tomó esta drástica decisión, no haciéndose cargo que, como parte de un Estado, debe tener conciencia social, sanitaria y laboral. Por esta razón, desde el Suoem no cesaremos en la lucha y Córdoba festejará su aniversario con trabajadores en la calle y sin sustento para su familia”, expresaron desde el sindicato.

Trabajadores municipales protestan contra el despido masivo. Foto: Diario Hoy Día Córdoba

“Dejan sin protección a los más vulnerables”

Frente a los despidos en la Municipalidad, el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba (CPSSPC) señaló que en el caso de sus afiliados afecta a “profesionales que rindieron concurso de antecedentes y oposición (…) lo que deja claramente expuesta la posición de este Gobierno Municipal contraria a la institucionalidad y la construcción basada en la transparencia y el mérito para conformar su planta de trabajadores, sin respetar el derecho al ingreso en igualdad de oportunidades”.

Además, destacó que muchos profesionales “se desempeñan en los Servicios de Protección de Derechos que forman parte del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Municipalidad de Córdoba. Son quienes abordan situaciones de niñas, niños y adolescentes con derechos vulnerados”. “Por todo ello, el Consejo Directivo del CPSSPC denuncia este atropello sobre los derechos laborales de colegas, pero también la sumatoria de decisiones de la gestión municipal del intendente Llaryora que destruye políticas públicas de alto impacto en la población más vulnerable de nuestra sociedad”, finaliza el comunicado.

A su vez, la Red de Construcción Ciudadana de Córdoba cuestionó los despidos y así describió su impacto en los servicios sociales en el ámbito municipal: “Además de violar el decreto que prohíbe los despidos en tiempos de pandemia, en el CPC Monseñor Pablo Cabrera desmantela el Servicio de Protección de Derechos, despide a profesionales del equipo y como consecuencia deja sin protección y más vulnerables a las niñas, niños y adolescentes del territorio”.

“Es una forma de silenciar voces”

El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) también se sumó al repudio por los despidos, que “atentan en contra de los derechos básicos de las y los trabajadores, quienes además venimos siendo golpeadas y golpeados por la situación económica generalizada y profundizada por la pandemia”. Además, denunció que la cesantía de Guillermo Guerra, director de Radio Eterogenia, del Centro Cultural España Córdoba, es “el anuncio prematuro del cierre de este medio”.

La secretaria general del Cispren, Mariana Mandakovic, dijo a Desafíos Urbanos que “el no renovar contrato y dejar sin trabajo al compañero Guerra, que era el responsable de Radio Eterogenia, es una forma de silenciar voces que son fundamentales en épocas como esta y que son las únicas que pueden garantizar una mayor democracia”.

“Sin pluralidad de voces, sin medios que puedan dar lugar a otras expresiones, sin compañeros trabajadores y trabajadoras del ámbito de la cultura, no vamos a conseguir nunca mayor libertad de expresión ni mayor justicia social”, añadió la periodista y dirigente gremial.

Contexto

Los 117 despidos generaron un amplio repudio y agravaron el conflicto que el Suoem mantiene con la gestión de Llaryora, por el recorte el 35% de los salarios correspondiente al ítem “prolongación de jornada”. Además, el 8 de mayo los concejales de Hacemos por Córdoba aprobaron la modificación del Estatuto Municipal que recorta el 15% del sueldo, por lo que en el último mes los 10 mil empleados municipales vieron recortados sus sueldos en un 50%. A su vez, desde el comienzo de la cuarentena 202 empleados del Tribunal de faltas sufrieron el recorte del 30% de sus sueldos, porque el municipio les suspendió sus chapas de inspectores.

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