La inflación en Argentina es un problema persistente desde la década de 1980: los diferentes gobiernos democráticos implementaron a su momento diversas medidas para controlarla, incluyendo la devaluación de la moneda, aumento de impuestos y la implementación de controles de precios.
Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes para estabilizar la inflación a largo plazo, en una economía afectada por factores internos y externos a causa de las decisiones de los gobiernos de facto que contribuyeron al constante aumento en los precios de los bienes y servicios.
El fenómeno inflacionario provoca en la actualidad una pérdida del poder adquisitivo e impacto en el ahorro, algo que produce efectos negativos en la economía general, afectando principalmente a los sectores populares, que dependen de estos bienes y servicios básicos que cada vez son más inalcanzables para sus posibilidades reales.
2022: al libro de los peores récords
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina (INDEC) publicó recientemente datos sobre la inflación basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC): en diciembre se registró una suba de 5,1% mientras que en la variación anotó un 94,8% para todo el año 2022.
La variación de 2022 fue la más alta en 32 años y, de esta manera, es la peor performance registrada desde 1991, cuando el acumulado anual había sido del 84% y empujó a la sanción de Ley de Convertibilidad durante el primer gobierno menemista.
Los sectores que más aumentaron durante el año pasado fueron: Textil y Calzado, con una suba general de 120,8%; Restaurantes y Hoteles, con 108,8%, Bienes y Servicios varios (97,8%); Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (97,2%); y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (95%).
Asimismo, en el informe del INDEC se destaca un atraso que experimentaron los segmentos de Comunicación (67,8%) y Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles (80,4%). Los servicios que componen esta última registran aumentos programados para enero: en particular se destaca la segmentación de tarifas de Agua, Luz y Gas; así como el incremento de 4% en Naftas y Gasoil.
Las complicaciones estructurales de Argentina se vieron acentuadas a partir de recientes sucesos que afectaron al desarrollo económico: el contexto de postpandemia, la guerra entre Rusia a Ucrania, que disparó los precios de los alimentos y la energía; la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, y los problemas para su sucesión; y la dependencia a partir de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Córdoba y una escasa diferencia
La Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba registró en diciembre una inflación a nivel provincial de 5,14% y redondeó así un aumento de precios acumulado que rozó el 90% en 2022. Las diferencias porcentuales con respecto a las cifras nacionales están basadas esencialmente en el peso que cada producto y/o servicio tiene en la economía de las familias de la Provincia.
Los gastos relativos en cada región varían basándose en una encuesta sobre gastos de hogares que es el núcleo del Índice de Precios al Consumidor: con ese instrumento se releva en qué gasta la gente en cada región y cuánto pesa en su economía familiar. Dado que todos los productos y servicios de la canasta no pesan lo mismo en todas las regiones, puede pasar que la variación de precio sea la misma, pero que incida menos donde el peso es menor.
La dependencia estatal indicó que en diciembre la suba estuvo encabezada por los incrementos de los capítulos Alimentos y Bebidas (4,9%); Transporte y Comunicaciones (4,86%); y Propiedades, Combustibles, Agua y Electricidad (4,8%) y que el IPC interanual alcanzó el 89,05%, unos seis puntos por debajo de las cifras nacionales.
Inflación que acarrea pobreza e indigencia
Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) publicó un nuevo informe sobre la pobreza en Argentina y los datos recrudecen el panorama: más de 17 millones de argentinos cerraron el año bajo la línea de la pobreza. El informe subraya que empeoramiento de las condiciones socioeconómicas es crónico, ya que en los últimos 10 años la pobreza a nivel nacional creció en un 15%.
Los analistas concluyen que la inflación es la principal causa del empeoramiento de los indicadores. Las cifras son contundentes: un 43,1% de las personas están por debajo de la línea de pobreza y la indigencia afecta al 8,1% de la población.
Estas cifras, a pesar de una algunas variaciones, coinciden con las estadísticas oficiales, ya que en junio el Instituto Nacional de Estadística y Censos había ubicado la pobreza en un 36,5% (10,6 millones de personas) y la indigencia en un 8,8% (4millones de personas).
La progresión histórica es la siguiente: del 6% de pobreza en 1974 (1,5 millón de personas), se pasó a un piso de pobreza del 20% en la década de 1980 (seis millones de personas) y a una variación de entre 25% y 30% de personas bajo la línea de pobreza en la década de 1990 (al menos 10 millones de personas), algo que se profundizó con la crisis de 2001 y empeora en la actualidad.
En el presente, el 40% de la población está afectada por privaciones económicas fundamentales (más de 17 millones de personas), con un dato elocuente: en caso de no existir las asistencias sociales que dispone el Estado, la pobreza afectaría al 50% de la población y la indigencia llegaría al 20%, ya que el 40% de los hogares donde vive el 50% de la población fue asistido por algún programa oficial o complementario.
La variable trabajo también influye: según el Observatorio, el 29,8% de la población ocupada es pobre, una cifra que duplica el 15,5% que alcanzaba ese segmento en 2017. La situación es más compleja entre quienes cuentan con un empleo pleno: los pobres saltaron del 4,7% en 2017 al 13,9% durante 2022; y entre quienes tienen un empleo precario, la pobreza aumentó del 15,5% al 31%.
El informe concluye que el principal problema es la escasez de empleos de calidad, que aumenta la informalidad y que aquellas personas que consiguen empleos registrados deben tolerar bajos salarios y precariedad laboral. La inflación incide de tal manera en la dinámica de la pobreza monetaria que, con un índice de inflación menor a un dígito, la pobreza podría bajar entre 10 y 15 puntos porcentuales.
2023: proyecciones y factor electoral
El Banco Central publicó un Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que reúne los proyecciones de diferentes analistas del mercado y la mediana de los participantes arrojó una proyección de inflación de 98,4% para 2023.
Los diferentes pronósticos para los primeros meses de 2023 muestran una baja en los niveles de suba de precios en alimentos y bebidas pero al mismo tiempo, una larga lista de aumentos de precios en servicios regulados como transporte, combustibles, tarifas de energía y agua, medicina prepaga, telecomunicaciones, entre otros, que también pondrán un piso de 5% para el índice mensual.
Los analistas esperan que el aumento más marcado se presente en el segundo semestre y proyectan un número cercano al 100%, aunque aún no se contempla el impacto que podría contener la intervención estatal con las políticas de precios, un factor clase en el marco del año electoral a nivel nacional.
