Posicionamiento del Observatorio de Conflictos Sociales Desafíos Urbanos frente al golpe de Estado en Bolivia
Mi corazón
con su tambor
golpea las puertas de Tihauanaku.
Mi corazón
en su dolor
llama a las Huestes de Tihauanaku.
No son Viracocha
los hombres que llegan:
no existe en sus actos bondad.
Su magia es la muerte,
su amor, la riqueza
del pueblo del Hijo del Sol.
La puerta del cosmos, Taki Ongoy, Víctor Heredia, 1986
El derrocamiento de las autoridades constitucionales de Bolivia es un liso y llano golpe de Estado, por más que los medios afines a los perpetradores materiales e intelectuales se esfuercen por disimularlo con eufemismos como “crisis institucional”, “renuncia” o “anarquía”. Tampoco es válida el justificativo a partir de un supuesto fraude oficialista en los recientes comicios, cuando el propio presidente reelecto estuvo dispuesto a llamar nuevamente a elecciones.
Son las fuerzas armadas, policía y ejército, quienes obligaron al presidente Evo Morales, el vice Álvaro García Linera, sus funcionarios y legisladores a renunciar bajo amenaza, materializada en desmanes y persecuciones a partidarios y familiares, al borde del linchamiento (al borde, hasta donde se puede saber). Incluso, se libró una orden de detención contra el primer mandatario.
Ellos fueron los actores materiales, a instancias de los instigadores intelectuales y financistas: los terratenientes y empresarios locales, las iglesias católica y evangélicas y los intereses transnacionales cabalmente representados por el intervencionismo estadounidense de un Donald Trump al que la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos no pueden o no quieren frenar. Tal como ocurriera tantas veces en nuestro continente asolado por golpes de estado y políticas de miseria planificada.
Esa violencia se alimenta de un odio de clase, raza, religión, género e ideología, profundamente oligárquico, racista, fundamentalista, misógino y reaccionario. En mayor o menor medida, esos factores existen en gran parte del continente, pero en Bolivia se potenciaron y explotaron en un puro y duro golpismo agravado por el revanchismo contra casi 14 años de ampliación de derechos, crecimiento económico con distribución progresiva, contribución a la integración y soberanía regional, reivindicación del legado cultural de los pueblos originarios y acceso a una efectiva participación política para sus descendientes.
Eso afectó a intereses poderosos, por más que algunos sectores del progresismo hayan despreciado a los procesos que devolvieron a Latinoamérica el derecho a la política en la primera década del siglo XXI y ahora atribuyan este desenlace a “errores” o “limitaciones” propias del gobierno derrocado; o peor aún, invoquen la “teoría de los dos demonios” para postular que Morales y los líderes sediciosos Luis Camacho y Carlos Mesa “son lo mismo”.
Todo lo contrario, el proceso iniciado en Bolivia con aquella ceremonia del 22 de enero de 2006 en la Puerta del Sol del Tiahuanaku fue tan real y profundo que despertó a esa entente de enemigos poderosos que ayer asaltaron el Palacio Quemado. Los que cambiaron wiphala por biblia y sus mandantes menos visibles que ahora irán por el gas y litio. Por eso también los juicios de lesa humanidad eran un paso indispensable para el futuro democrático de la región.
Un golpe de Estado no debe ser indiferente a nadie. Menos en el Siglo XXI y en una Latinoamérica que parecía haber dejado atrás al partido militar que asoló a casi todos los países del continente en los años 70 y 80. Aquel Plan Cóndor que en esos años coordinó la represión a nivel continental, se reedita con la alianza corporativa, empresarial, judicial y mediática, impulsando en varios países el acceso al poder por la vía electoral a gobiernos conservadores. Y cuando no alcanza, recurre al golpismo, de baja o alta intensidad. Frente a ese retorno del autoritarismo, sigue siendo necesario salir a las calles a gritar: ¡Nunca más!
Córdoba, 11 de noviembre de 2019.-
Fotos: Mendoza Post y 0021.
