El pasado 17 de julio diferentes organizaciones sociales y feministas se movilizaron hasta el Polo Integral de la Mujer para pedir justicia por Giuliana Silva, Eylin Jiménez Condori y todas las víctimas de la violencia machista. Ante los asesinatos de estas dos mujeres jóvenes, las organizaciones siguen denunciando que las políticas públicas son insuficientes para prevenir y asistir las violencias de género. En este sentido, insisten en que la responsabilidad de proteger a las víctimas es del Estado y exigen acciones concretas para la aplicación de políticas efectivas.
Cuando llegaron a la sede del Polo Integral de la Mujer, en Entre Ríos 680, las trabajadoras del establecimiento, en emergencia laboral, se sumaron a la movilización. Con la consigna “A las trabajadoras nos duelen los femicidios”, las profesionales acompañaron a lxs familiares de las víctimas y denunciaron que las mujeres que asisten al establecimiento tienen que esperar durante horas para ser atendidas, ya que no hay personal suficiente ante “la cada vez más creciente y compleja demanda” que reciben. Reclaman que la gestión de Claudia Martínez no destina el presupuesto suficiente para la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas. Las trabajadoras se encuentran en estado de emergencia por la falta de presupuesto y porque están precarizadas, ganando salarios muy por debajo de la canasta básica, con contratos, becas y monotributos que les imposibilitan acceder a derechos laborales básicos como aguinaldo, vacaciones o licencias.
La secretaria Claudia Martínez declaró, en una entrevista en La Voz del Interior, que distribuyen los recursos según la demanda y “no hay una limitación presupuestaria”. Mientras las trabajadoras creen que es paradójico que la institución encargada de prevenir y atender las violencias machistas violente a sus trabajadoras todos los días, la secretaria sostiene que llegan “cómodos a fin de año”. De esta manera, declara que la responsabilidad es de los femicidas, cuando las políticas públicas destinan 11 pesos por mujer para prevenir y erradicar la violencia de género. El día de la movilización recibió a lxs familiares de Silva y éstxs relataron que la secretaria asumió que tendrían que haber acompañado más a Giuliana.
La joven había realizado cuatro denuncias. Sabía qué debía hacer ante las amenazas de su ex pareja y una semana antes de que la matara había denunciado que Rodolfo Tissera no cumplía con la orden de restricción que le habían impuesto, y la había agredido una vez más. Realizó todos los pasos que hay que seguir en la teoría y el Estado no la protegió. La familia va a presentarse como querellante en el juicio contra Tissera y va a pedir explicaciones sobre las medidas que se tomaron para proteger la vida y los derechos de la mujer.
Las organizaciones feministas solicitan la implementación de un programa de asistencia económica, terapéutica y de acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas; presupuesto para promotoras de salud barriales; formación y presencia permanente en unidades judiciales de personal cualificado para detección, abordaje y asesoramiento de situaciones de violencia de género. A su vez, cuestionan el botón antipánico como única herramienta que el Estado brinde a las mujeres. Creen que este dispositivo delega la responsabilidad de su cuidado a las víctimas. El padre de Giuliana acuerda: “Es el hombre el que tiene que estar controlado, no la mujer. ¿Por qué no le dan una pulsera a los hombres, en vez del botón antipánico a las mujeres; si son ellos los que tienen que estar bajo custodia? Nos dicen que las pulseras son muy caras; acaso vale más el precio de una pulsera que la vida de una mujer”.
En la entrevista citada, Claudia Martínez aclaró que la institución cuenta con los dispositivos necesarios, y en caso de necesitar más, podrían solicitar nuevas cantidades al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del que depende la Secretaría. Las trabajadoras denuncian que “las políticas públicas siguen exponiendo a las mujeres a la violencia machista y patriarcal” y que Martínez utiliza ese espacio para hacer “campaña electoral”. Los recursos, que según la secretaria sobran, no se usan para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras, ampliar el plantel y equiparar los salarios.
La institución está presente sólo en cuatro ciudades cordobesas y son las organizaciones barriales las que generan espacios de cuidado, contención y apoyo para las víctimas. Giuliana Silva y Eylin Jiménez Condori participaban de diferentes organizaciones barriales. Creen que todos los femicidios son evitables y aseguran que justicia es que no vuelva a pasar. El Encuentro de Organizaciones recoge en su documento que en Giuliana están todas las luchas porque “no solamente la mató el femicida, no solamente fue su arma. La mató el arma femicida de la pobreza y del desempleo que no dejan de subir en nuestra ciudad, y en el país, y que afecta más fuertemente a las mujeres sostén de los hogares en barrios populares. La mató el arma de un sistema de educación que está cada vez más desfinanciado y desanclado de los territorios. La mataron las fuerzas policiales que, dispersas por los barrios populares de la ciudad, no pueden prevenir los crímenes cometidos hacia las mujeres y otras identidades disidentes. La mató la imposibilidad de mudarse y acceder a una vivienda donde pudiera vivir dignamente con su hijo. La mató la ejecución parcial de una Ley de Emergencia Social, Infraestructura, Alimento, Tierra y Trabajo”. Por ello, sostienen que los femicidios son “crímenes de odio que un sistema promueve, un Estado permite y una sociedad sostiene”.
Contexto
Los femicidios y las agresiones físicas son las violencias de género más groseras y fáciles de ver. Hay otras, más sutiles, que posibilitan que esto ocurra y están naturalizadas en nuestras sociedades. Registrar, visibilizar y denunciarlas ayuda a comprender que son un problema estructural y cotidiano.
El año pasado, Córdoba fue la segunda provincia con mayor cantidad absoluta de femicidios, después de Buenos Aires. Fue, a su vez, la última provincia en adherir a la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009. El 80% de los femicidios de este año ocurrió al interior de la provincia, donde no hay instituciones que asistan y luchen contra la violencia de género de manera permanente.
Desde el 2017, se está implementando el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (PNA). Por este plan, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) recibió 32 millones de pesos este año; un presupuesto recortado en un 38% desde el año pasado. Las organizaciones feministas denuncian la falta de voluntad política para terminar con la violencia de género.
Fuentes en red
Fotos: Encuentro de Organizaciones (EO).
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/familiares-de-giuliana-silva-paralizaron-centro-con-su-protesta
Actores y contactos
https://www.facebook.com/encuentrodeorganizacionescba/
Las líneas para recibir información, orientación y contención en casos de violencia de género, las 24 horas del día, los 365 del año, son:
-Polo Integral de la Mujer: 0800 888 9898, línea provincial. Entre Ríos 680, Córdoba Capital.
-144, línea nacional.
Para denunciar, acercate a cualquiera de las unidades judiciales que funcionan en las comisarías de toda la provincia.
