En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito planteó que “el faltante de anticonceptivos gratuitos es violencia de género”. Al mismo tiempo, en los últimos meses se conoció en la provincia un conjunto de situaciones de violencia, cuyos responsables son lxs profesionales de la salud, las instituciones sanitarias y el Estado.
Por Marta Gaztañaga
Daniela Suárez cuenta que pidió la ligadura de trompas en el Hospital Provincial Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo en el 2015, a los 31 años y embarazada de su cuarto hijo. Todos sus embarazos habían sido planificados, pero no quería seguir utilizando las inyectables que “son un gasto” y decidió operarse. La Ley Nacional 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica, sancionada en el 2006, garantiza el acceso a la ligadura tubaria y a la vasectomía como un derecho de todas las personas.
Numerosos protocolos médicos reconocen que la esterilización posterior al parto tiene “muchas ventajas”, porque evita una segunda visita al hospital, ofrece un método anticonceptivo inmediato y es fácil de realizar. A pesar de ello, a Daniela no le realizaron la ligadura durante el parto de su hijo. “Estuve más de un año renegando para que me operen y no lo conseguí”, relata a Desafìos Urbanos.
En el quinto mes del embarazo “ya tenía el trámite hecho” y le habían asegurado que le realizarían la ligadura “apenas naciera” su hijo. Pero eso no sucedió y durante meses le dijeron que no era algo de urgencia o no había quirófano disponible. “Cada vez que iba tenían una excusa diferente”, recuerda Suárez.
Después de un año, decidió pedir la misma intervención en otro hospital provincial de la ciudad y le realizaron la operación “sin ningún problema”. Recuerda que en el Hospital Neonatal le pidieron varias veces escribir una carta “pidiéndole al Doctor Crespo Roca, casi suplicando, que me ligue las trompas”. En cambio, en el hospital público en el que finalmente pudo acceder al anticonceptivo que eligió, sólo le pidieron los análisis y estudios necesarios para la intervención, y al mes de haber solicitado la operación, estaba en su casa con la ligadura de trompas realizada.
Denuncia colectiva
A principio del mes de octubre un grupo de mujeres, entre las que se encuentra Suárez, fue acompañada por la Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP), la Asociación Civil Católicas por el Derecho a Decidir (CCDD) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) a denunciar los obstáculos y negativas del Hospital Neonatal a sus pedidos a la ligadura tubaria.
Las denuncias fueron presentadas ante el Juzgado número 7 de la Provincia, turno 17, a cargo de la Dra. Sudana Ottogalli de Aicardi. En ellas se evidencia la violación sistemática de la libertad reproductiva y el incumplimiento de la Ley Provincial 9344 de Anticoncepción Quirúrgica en el Hospital Neonatal.
La presentación recoge los obstáculos históricos y sistemáticos en el acceso a un servicio garantizado por leyes provinciales desde hace más de una década y fue acompañada por las denuncias hechas por las mujeres a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, informes estadísticos de los casos derivados por los Centros de Salud Primaria y obstaculizados por el Hospital, comunicados de repudio en contra del Dr. Crespo Roca emitidos por la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG) y otras evidencias de la violación a los Derechos Humanos en el nosocomio.
Esta presentación dejó en evidencia que el hospital viola la ley provincial exigiendo una carta, conocida como “la cartita de amor”, como condición para acceder a la ligadura. Señalan al Jefe del Servicio de Tocoginecología, el Dr. Francisco José Crespo Roca, jubilado recientemente, como el principal responsable de la violencia institucional. Por ello, pedían que fuera apartado de su cargo; lo acusan de negar arbitrariamente el acceso a este método anticonceptivo y ejercer abuso en su jerarquía profesional.
“Yo lo hago porque tengo hijas y el día de mañana a lo mejor lo necesiten y quiero que puedan, no quiero que anden dando vueltas por todos lados como yo” declara Suárez. Relata que el Hospital Neonatal le queda cerca de su casa mientras se tuvo que ir “re lejos” para que le garantizaran la atención que necesitaba. Las organizaciones que acompañan la denuncia piden que se adapten medidas urgentes para prevenir y detener acciones discriminatorias y de violencia contra la mujer en el Hospital Neonatal.
Violencias naturalizadas
Yanina Vera también realizó una denuncia en octubre. Acusó a dos hospitales, tres profesionales y los directivos de su obra social por la atención recibida al final de su embarazo, en julio del año pasado. En esa ocasión, fue derivada del Hospital Ferreyra a la Clínica Caraffa sin ser consultada y sin la documentación médica necesaria para que fuera tratada debidamente. Después de dos días sin recibir diagnóstico, le realizaron una cesárea de un momento para el otro y sin mediar los controles médicos previos necesarios. Le dijeron que todo estaba bien y que iban a mantener a su hijo unos días en la incubadora para que ganara algo de peso y a los seis días, sorpresivamente, le anunciaron que su bebé había fallecido y que la familia había puesto “mucha expectativa” en el niño.
Su abogada, Lola Guerra, aclara que la familia podría poner una demanda por daños y prejuicios, vía demanda civil, pero lo que les interesa es visibilizar que hubo violencia de género. Por eso hicieron la presentación en la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG) y en el Foro Especializado de Violencia contra la Mujer. “En la denuncia, pedimos al juzgado que exhorte al Poder Ejecutivo y al Ministerio a realizar todas las medidas, para que no vuelva a ocurrirle nada similar a una mujer”, sostuvo la abogada.
A Vera le diagnosticaron preeclampsia (presión arterial alta en el embarazo) recién en la semana 35 de gestación. Cuando nació su hijo, no pudo verlo hasta 12 horas después, su padre nunca pudo tenerlo en brazos, los profesionales de la salud le hicieron chistes sobre su edad (32 años) y hay indicios de que cambiaron la causa de la muerte hasta en cuatro ocasiones en el certificado de defunción. Con la documentación técnica y testimonial necesaria, denuncian violencia física, psicológica y simbólica.
La violencia obstétrica no es un tipo de violencia en sí, sino una modalidad de la violencia de género. La Ley nacional 26.485 la define como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”. Sin duda, es una de las modalidades de violencia de género más naturalizadas e invisibilizadas porque está atravesada por la legitimación del saber médico hegemónico y patriarcal y las relaciones de poder entre la autoridad médica y lxs pacientes.
Son numerosas las leyes y normativas que amparan la denuncia, como las leyes nacionales de Parto Humanizado (25.929), de Derechos del Paciente (26.529), de Violencia contra la Mujer (26.485) y una cantidad importante de tratados internacionales de derechos humanos a los que la Argentina suscribe.
El monitoreo y cumplimiento de estas leyes es una obligación del Estado. Por ello, además de pedir que la Justicia ratifique mediante resolución que “es violencia obstétrica no dar información acabada o que se efectúen prácticas médicas no consentidas tanto a la mujer como al recién nacido”, piden que se capacite a lxs profesionales de la salud y se presente un plan detallado de qué van a hacer las obras sociales y las instituciones de salud para evitar las situaciones de violencia.
En este sentido, la abogada aclaró que decidieron denunciar también a la obra social Apross “porque también tiene la obligación de garantizar que las prestadoras de salud adheridas cumplan con un acceso a lo sanitario acorde a la normativa vigente”. Como medida cautelar piden que les inicien un sumario administrativo a lxs profesionales que incumplen las normas y que se lxs aparte de sus funciones, o del trabajo de atención de partos, hasta tanto se puedan tener certezas de que no van a volver a violentar a otras mujeres o niños.
Prácticas institucionalizadas
Los cuerpos de las personas son vistos como objetos manipulables y a disposición de lxs médicxs, en vez de como propiedad exclusiva de los deseos, costumbres y percepciones de ellas mismas en todo el mundo. En Argentina, la Ley 25.929 de Parto Humanizado, reglamentada en el 2015, reconoce el derecho de toda persona con capacidad de gestar a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar, para que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas; a ser tratada con respeto, garantizando su intimidad y teniendo en consideración sus pautas culturales y necesidades; a ser considerada como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista del propio parto; a un parto natural, donde se eviten las prácticas invasivas y el suministro de medicación que no estén justificados por su estado de salud o el de su bebé; a ser informada sobre la evolución de su parto, el estado de salud de su bebé y a ser partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales; a elegir una persona de su confianza para que la acompañe durante el trabajo de parto, parto y postparto; a tener a su lado al hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que el recién nacido no requiera de cuidados especiales; entre otros.
De todas formas, el informe del Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) indica que 8 de cada 10 mujeres encuestadas sufrió maltrato verbal o físico durante el embarazo o el parto, y que 3 de cada 10 aseguró haber recibido conductas aleccionadoras o amenazantes. Desde principios del 2017, la dependencia del Estado nacional que recibe denuncias por este tipo de violencia obstétrica es la CONSAVIG. Otro dato relevante del informe mencionado es que 9,5 de cada 10 personas violentadas no realizaron ninguna denuncia, y las pocas que lo hicieron radicaron la queja en la misma institución en la que fueron agredidas.
A pesar de la poca cantidad de denuncias que se realizan en el organismo estatal en relación a la cantidad de casos, cada vez más mujeres se animan a visibilizar los maltratos sufridos. El primer juicio civil por violencia obstétrica en Argentina se realizó en el año 2017. Agustina Petrella demandó a la neonatóloga, al obstetra, a la prepaga y a la clínica en la que había nacido su hija dos años antes por los derechos que se le vulneraron. Hasta ese momento, todas las demandas del tipo habían sido encauzadas como penales por “casos de mala praxis”.
Guerra advierte que denuncian la violencia que Vera sufrió en la atención sanitaria, independientemente de la muerte de su bebé: “cuando no le dan información de la preeclampsia, cuando no le permiten elegir el hospital al que va a ser derivada, cuando no acompañan la documentación médica para que la institución reciba y realice el diagnóstico bien, cuando no hay una previsión del daño que se podía evitar… todo eso es violencia obstétrica”. Por lo tanto, aunque su bebé siguiera vivo, hubiese vivenciado violencia obstétrica.
La abogada se muestra preocupada porque las instituciones “ni siquiera están pudiendo ver” la violencia y responden a la denuncia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) “como atajándose de una mala praxis por la muerte del bebé”.
Fuentes en red
https://www.cba24n.com.ar/violencia-obstetrica-hasta-el-dia-de-hoy-no-se-de-que-se-murio-caetano/
https://latinta.com.ar/2019/10/primera-denuncia-violencia-obstetrica-cordoba/
https://economiafeminita.com/callate-y-puja-por-que-la-violencia-obstetrica-es-violencia-de-genero/
https://www.elpartoesnuestro.es/blog/2017/11/30/la-violencia-obstetrica-en-argentina
https://www.pagina12.com.ar/223503-cordoba-obstaculos-ilegales-a-la-ligadura-de-trompas
https://tn.com.ar/sociedad/barreras-o-mentiras-en-la-ligadura-de-trompas-en-la-argentina_866091
Foto principal: https://www.cba24n.com.ar/
Actores y contactos
CCDD: Asociación Civil Católicas por el Derecho a Decidir. Av. Colón 442 piso 6 depto. D, Córdoba- 351 4229104- cddargentina@catolicas.org.ar http://catolicas.org.ar/
CLIP: Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba. Caseros 301 Piso 1, Córdoba– 351 4332059 info@programadeetica.com.ar www.programadeetica.com.ar
CONSAVIG: Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Corrientes 327 piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 53004000 int. 76633- http://www.jus.gob.ar/areas-tematicas/violencia-de-genero.aspx
ELA: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Tucumán 1581, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 011 43712696- ela@ela.org.ar http://www.ela.org.ar/
INADI: Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Av. De Mayo 1401, Ciudad Autónoma de Buenos Aires- 011 43805600- info@inadi.gob.ar https://www.argentina.gob.ar/inadi
OVO: Observatorio de Violencia Obstétrica lascasildas.com.ar
Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva: Av. Rivadavia 875 Piso 7 (CABA)- (5411) 4342-3374- saludsexual@msal.gov.ar https://www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual
Hospital Ferreyra: Av. Pablo Ricchieri 2200, Córdoba- 0351 447-5799
Hospital Provincial Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo: Manuel Cardeñosa 2900, Córdoba- 0351 434-8350
Clínica Caraffa: Av. Emilio Caraffa 2532, Córdoba- 0351 427-3333
APROSS: Av. Marcelo T. de Alvear 758, Córdoba- 0800-888-2776 http://www.apross.gov.ar/
Foro Especializado de Violencia Familiar y de Género de la Justicia de Córdoba: Caseros 551, Córdoba- (0351) 4481000- https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/tsj/coordinacion_violencia_familiar
Juzgado número 7 de la Provincia: Edificio del Fuero de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género; y del Fuero Penal Juvenil– San Jerónimo 258– (0351) 4481000
Si un equipo de salud en un Hospital o Centro de Salud, se niega a atenderte, te maltrata, discrimina o juzga por tus decisiones, podes denunciarlo al 0800 222 344, en la Defensoría del Pueblo, en el INADI o en CONSAVIG (consavig@jus.gov.ar)
