El ámbito de la producción cultural de la Argentina está en peligro: las fuertes tensiones en el sector tuvieron su punto de ebullición en el mes de abril cuando trabajadores de diversas áreas, organizaciones sociales y partidos políticos afines se encolumnaron para protestar contra un inminente apagón cultural.
Por María Esperanza Tissera Grafeuille
La reforma tributaria del gobierno nacional de Cambiemos en 2017 tuvo entre sus objetivos eliminar algunos beneficios impositivos a través de la aprobación de la Ley 27.432 que constituyó modificaciones, nuevas vigencias y prórrogas de diversos impuestos.
“La importancia de estos gravámenes radica en que brindan previsibilidad a las industrias culturales argentinas, porque allí se dispone de fuentes de financiamiento genuinas originadas en la propia actividad, y así evitan que queden a merced de la voluntad de los gobiernos de turno”, asegura la analista Eliana Verón.
Puntualmente, los fondos de fomento que se asignan a los organismos de cultura tienen fecha de vencimiento, según la normativa, el 31 de diciembre de 2022, y con esto se verán afectadas directamente instituciones como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Instituto Nacional del Teatro (INT), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).
Ante esta situación, les trabajadores del INCAA realizaron una manifestación en Buenos Aires que terminó con represión policial y dos detenides. Les manifestantes señalaron al director Luis Puenzo por su gestión ineficiente que permitió el avance de la mencionada legislación y exigieron su renuncia. Finalmente, el presidente Alberto Fernández decretó la salida de Puenzo de la entidad, quedando como nuevo director Nicolás Batlle, que se había desempeñado como vicepresidente.
La letra chica
La reforma tributaria aprobada en diciembre del 2017 por el gobierno de Mauricio Macri impulsó el vaciamiento de fondos que atentó contra todos los sectores culturales del país y que aún continúa con sus consecuencias en la actualidad.
El artículo 4° de la Ley 27.432 estipula que los recursos mencionados seguirán siendo recaudados, pero irán al Tesoro Nacional. De esta forma los organismos culturales para el fomento de producciones perderán su autonomía presupuestaria y dependerán cada año de la Ley de Presupuesto.
Córdoba entre la lucha y el federalismo
La situación de emergencia cultural repercute en todo el país y la problemática particular del INCAA es solo un fragmento de un gran conflicto que se avecina y que preocupa a todos los sectores de la cultura. En Córdoba, les trabajadores de la cultura reclaman, entre otros aspectos, por la autarquía y soberanía de la cultura, uniéndose a la lucha nacional.
Las exigencias, manifestadas inicialmente por el sector audiovisual, fueron acogidas por otros sectores: así surgió el proyecto de Ley que busca extender por 50 años los fondos con asignación del sector cultural, que obtuvo dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quedando en condiciones de ser tratado en la Cámara de Diputados. El proyecto, presentado por Pablo Carro, diputado cordobés por el Frente de Todos (FDT), sería tratado en las próximas semanas.
Desafíos Urbanos conversó con algunes trabajadores de la cultura cordobesa que están llevando a cabo múltiples acciones de visibilización de la problemática en la ciudad y a nivel provincial.
“Desde el Frente de Trabajadores de la Cultura y las organizaciones que integran demandamos a los estados políticas públicas para el fomento, el desarrollo, la accesibilidad de les ciudadanes a la cultura ”, afirmó Artemia Barrionuevo teatrista y gestora cultural. Barrionuevo además destacó la importancia de la sustentabilidad económica de les trabajadores de la cultura que les permitiría salir de la precarización laboral.
“Necesitamos políticas públicas que nos aseguren ingresos que no solo permitan la estabilidad económica, sino que con ello, podamos mejorar y ofrecer nuestros productos y servicios culturales con mayor eficiencia, sabiendo que con ello estamos incentivando la participación crítica y comprometida con los valores comunitarios para una ciudadanía inclusiva que disfrute del buen vivir”.
Por su parte, y en relación al ámbito del cine cordobés, Rodrigo del Canto, miembro de la productora Altroqué Cine y participante de la Red Argentina de Documentalistas (RAL) y de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba (APAC), destacó que al menos “Córdoba tiene una Ley de Cine Provincial que fomenta la industria audiovisual y eso hace que, quienes estamos en la parte de producciones audiovisuales, tengamos ese beneficio que aporta fondos y recursos a la cultura”.
Del Canto enfatizó que, por ejemplo, los beneficios del INCAA no son equitativos en todo el país y que debería existir una política federal que evite la concentración en Buenos Aires. Lo cierto es que la implementación de la reforma de 2017 traería aparejada múltiples consecuencias negativas, desde la pérdida de puestos de trabajos hasta la anulación de voces.
Es imperioso que les ciudadanes tengan la posibilidad no sólo de consumir sino también de producir contenido cultural generando democratización en todos los estamentos sociales ya que los diversos sectores de la cultura permiten la construcción identitaria y la cosmovisión de cada pueblo.
Fuentes en red
https://www.agenciapacourondo.com.ar/
