El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) no hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Cooperativa Integral de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo de Villa Carlos Paz (Coopi) y autorizó la recuperación o reasunción de la gestión directa de los servicios de la cooperativa por parte de la administración municipal, que realizó su último intento de toma el 18 de marzo.
Los trabajadores de la Coopi ocuparon pacíficamente el predio de la planta potabilizadora en Cuesta Blanca que se encontraba vallada y rodeada de policías. El conflicto fue escalonado debido a que funcionarios del municipio se habían apersonado con la intención de tomar posesión de la prestación del agua potable y los trabajadores de la cooperativa les habían negado el ingreso.
Sin embargo, en paralelo la Cámara Contencioso Administrativa de 2° Nominación hizo lugar parcialmente y “de manera excepcionalísima” a otra medida cautelar solicitada por trabajadores en relación de dependencia y socios de la Cooperativa y, en consecuencia, ordenó a la Municipalidad de Villa Carlos Paz que suspenda la ejecución del Decreto N° 534/2020 como de la Resolución N° 039/2020 de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, hasta que tuviera lugar una audiencia entre las partes que se desarrolló el último mes.
La audiencia entre las partes convocada por Cámara 1° contó con las exposiciones de funcionarios, vecinos y organizaciones principalmente sobre tres temas: la situación de la salud y el personal del hospital local, la prestación del servicio de agua potable por parte de la Coopi y la continuidad de Carlos Paz Gas.
Por la dimensión del servicio a prestar, es probable que una eventual municipalización sea solo un paso previo para una posterior privatización, ya que los municipios son unidades económicas pequeñas para prestar servicios públicos de esta magnitud, consideran desde la multisectorial en Defensa de la Coopi, integrada entre otras por la Confederación de Cooperativas de la República Argentina (COOPERAR), la Confederación Argentina de Mutualismo (CAM); Federación de Cooperativas Eléctricas y de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (FECESCOR), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC Cba); y la Asociación Regional de Cooperativas (ARCOOP).
“La inminente acción pone en riesgo, no sólo la subsistencia de la Cooperativa, sino el bien común social y ambiental de la región. Esto significará una pérdida para más de 150.000 usuarios de Carlos Paz y Zona, que dejarán de recibir un servicio de agua eficaz, eficiente y de calidad, que padecerán la desaparición del banco de sangre, que ha salvado la vida de nuestras familias, vecinos y afectos cercanos”, aseguraron en una solicitada, haciendo hincapié en la Coopi como institución autónoma y democrática basada en los preceptos del cooperativismo, con 57 años de aporte económico, social y cultural al desarrollo de Carlos Paz.
Se aguardan para el transcurso del mes de abril novedades en todos los frentes, mientras desde la cooperativa denuncian un plan sistemático de destrucción y abuso del Estado en contra de una entidad cooperativa, que se remonta a los últimos años, con el impedimento a que la cooperativa prestara nuevos servicios, con arbitrariedades en las tarifas, difamación y calumnias, impedimento de obras e incluso negar a la entidad el registro de proveedor del municipio.
“En lo que respecta a lo judicial, nosotros realizamos planteos sobre situaciones muy graves que se dieron en este último tiempo: confiscación de bienes, afectación de derecho al trabajo, desconocimiento de normas laborales nacionales, afectación de prestaciones en comunas en los servicios de San Antonio, Cuesta Blanca, Mayu Sumaj, Icho Cruz”, aseguró a Rodolfo Frizza, gerente general de la Coopi a Desafíos Urbanos. “No queremos que el municipio se quede con el servicio, sin antes efectivizar las indemnizaciones, las expropiaciones, y la toma de personal correspondiente, en este caso 167 trabajadores”.
Foto: COLSECOR Noticias.
